El pasado 16 de Noviembre de 2015 el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía anunciaba el concurso para la concesión de la explotación de cinco locales comerciales situados en el Puerto Deportivo de Rota, una convocatoria que fue publicada en el BOJA el 11 de diciembre de 2015, de la cual se hicieron eco distintos medios de comunicación, entre ellos Viva Rota.
Esta convocatoria ha sido recibida con perplejidad por el actual concesionario de estos locales, el empresario roteño José Manuel Delgado D’Antonio, propietario del grupo Portobello, que a través de un comunicado de prensa ha declarado que actualmente, sigue siendo titular de las concesiones administrativas de explotación de dichos locales comerciales, acusando a la administración autonómica de "saltarse todos sus derechos y todo el procedimiento de régimen jurídico administrativo y común, ya que está sacando a concurso unos locales comerciales que en la actualidad no están a su disposición". Para Delgado, la Junta "está incurriendo en una grave falta de procedimiento, y serán los jueces quienes estimen lo que proceda".
El empresario, que ha facilitado a los medios toda la documentación por la que se acredita la situación actual de la licencia que ostenta, asegura que en la actualidad "se siguen explotando dichos locales de manera rigurosamente legal, amparados por contrato de concesión administrativa y por sus correspondientes licencias de aperturas de actividad".
Delgado tenía concedida la licencia de explotación durante diez años, una concesión que finalizaba el pasado 17 de febrero de 2015, según explica el empresario en la documentación facilitada. El 14 de mayo de 2014, el concesionario presentó solicitud de prórroga, en los plazos y con las condiciones establecidas en dichos contratos. El 16 de octubre de 2015 el empresario recibió las resoluciones de fecha 24 de septiembre de 2015, en el que se le denegaban las prórrogas solicitadas, y además se acordaba iniciar las actuaciones necesarias para convocar concurso para el otorgamiento de nuevas concesiones administrativas para la adecuación y explotación de dichos locales para el ejercicio de actividades complementarias a la portuaria.
El 13 de noviembre, todo según la documentación que aporta el denunciante, dentro del plazo legal de un mes que se le concede desde la Junta, el empresario presentó sendos recursos de alzada contra las resoluciones denegatorias de la prórroga. El empresario alega "irregularidades" en el proceso, explicando en su informe al Defensor del Pueblo que "ya en el trámite de alegaciones previas al recurso de alzada, se puso de manifiesto entre otras circunstancias, la comunicación que, de manera verbal, se me realizó en el sentido de que se me concedía la citada prórroga del contrato. Tal circunstancia se produjo en fecha 17 de julio de 2014, por lo que es un claro indicio de que la Administración a la que me dirijo ya había optado por concederme la citada prórroga".
Pese a que el contrato tenía como fecha de vencimiento el 17 de febrero de 2015, lo cierto es que a día de hoy, el empresario sigue adelante con la explotación de los locales objeto de concesión administrativa, habiendo incluso la Administración cobrado al concesionario actual las facturas correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2015, y todo ello pese a que se le comunicó vía email que se encontraba en “precario”; para el empresario esta afirmación no escierta "ya que sí así fuera no se me cobraría renta alguna".
Como respuesta ante esta convocatoria, el propietario de Grupo Portobello ha trasladado su queja no solo a los medios de comunicación, sino también al Ayuntamiento de Rota y al Defensor del Pueblo. También se ha explicado la situación a los trabajadores de la empresa afectados por esta situación, anunciando que el equipo jurídico de la misma está estudiando las medidas a tomar para la defensa de los derechos de empresario y empleados de la empresa, que serán transmitidas al juzgado correspondiente.
José Manuel Delgado manifiesta que si ha dado a conocer de forma pública la situación actual es por "la sensación de atropello tan grave de mis derechos, vulnerado por la arbitrariedad circunstancial, desconociendo los motivos que mueven esta decisión".
