El vertiginoso proceso de judicialización en que ha entrado la política, impulsado por los propios políticos, propicia situaciones tan inverosímiles, injustas, innecesarias y dolorosas como están viviendo siete personas y sus familias a cuenta del procedimiento irregular de contratación sobre las bandas para las damas de honor, algo que comparado con todo lo que a diario vemos y oímos en los diferentes espacios informativos resulta, tristemente, cómico.
Es importante resaltar que aún no poniendo en duda los hechos, su tipificación y la aplicación del código penal y que una determinada conducta pueda ser constitutiva de delito conforme a la legislación vigente, hay que dimensionar lo ocurrido en base a que se ha podido cometer una negligencia, quizás hasta se pueda tildar de irresponsabilidad o inconsciencia, pero bajo ningún concepto es un caso de corrupción y, por tanto, es totalmente desproporcionada la relación entre hechos y pena.
Siete personas han sido condenadas por algo que se llevaba haciendo muchos años en Rota y, a día de hoy, es un hecho conocido por todos: un trabajador municipal, con gobiernos de diferentes signos políticos e ideologías, elaboraba las bandas de las damas de las fiestas. Hacía años que estos trabajos se cobraban de forma irregular, de una u otra forma, sin que nadie se hubiese alarmado por tal circunstancia ni hubiese advertido de su ilegalidad, pero la disputa política llevando a lo personal algo que no debería salir del salón de Plenos produce lo que hoy estamos viendo y de cuyas consecuencias sufre y sufrirá el propio ayuntamiento de Rota estos días y en un futuro. ¿Qué funcionario, administrativo o, en general, empleado público, firmará documento ante el menor atisbo de duda? ¿Los que denunciaron temen ser denunciados por cualquier cosa y, de ahí, hasta qué punto el ritmo de la vida municipal lo marca el juzgado ? ¿Cómo afecta todo esto al ciudadano?
Habría que ponerle freno a esta locura. Quizás negligencias administrativas como la enjuiciada en esta sentencia merezcan inhabilitación, devolución del dinero mal usado y algún tipo de castigo de orden social, pero la cárcel, aún tipificada en el código penal, es pena muy dura y castigo enorme para gente que en su momento no tenía conciencia de estar cometiendo delito grave. Hay bandas y bandas y si este es el precio que se pagan por unas de fiesta de pueblo no se me ocurre cuantificar cuál será el que deban pagar esas otras, organizadas, que han dilapidado la vida pública nacional.
