Es ya un toma y daca. Cada capítulo que da a conocer el Partido Popular sobre el tema de la vivienda de la ex delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, sale el desmentido o la puntualización aclarando algún aspecto. Y esta vez no iba a ser menos,
Márquez, sobre la nota del PP que la señala como como propietaria de la vivienda desde 2017, desmiente esa fecha y aclara que no fue propietaria del inmueble junto a su marido hasta el 28 de julio de 2020.
La acusación del PP se refiere a la orden de ejecución de derribo emitida por los técnicos municipales debido al mal estado del inmueble y que ella, como concejala, tuvo que firmar. La salvedad es que esa casa no era suya entonces, lo que se contradice con la versión del PP.
Fue el informe de la Policía Local remitido a Urbanismo sobre el proceso realizado por los técnicos municipales, que emiten los informes, y presentan el documento para una confirmación a la que no puede negarse, reitera, y su comunicación.
Lo más curioso de este caso -que además ya ha sido mencionado en repetidas ocasiones- es que la orden de ejecución de derribo que seguía en vigor cuando Márquez y su marido compraron la casa, les hubiera facilitado mucho las cosas porque era más sencillo y barato derribar el edificio y reconstruirlo nuevo que mantenerlo y rehabilitarlo precisamente para conservar sus valores originales.
También aclara Márquez que la venta de la finca estaba sujeta a la condición de que la Junta de Andalucía junto con el Obispado de Cádiz integrantes de la fundación, debían dar el visto bueno. Item más, se puso sobre la mesa un precio que era inferior al precio de tasación con que terminó la operación.
Márquez pidió la autorización a la fundación para presentar el proyecto un par de meses antes y agilizar los trámites administrativos.
