Le valiera más al Gobierno municipal del Partido Popular medir las afirmaciones cuando se trata de deudas para que la oposición, que siempre estará al quite, no aproveche la coyuntura y le devuelva las cañas convertidas en lanzas. Es lo menos que se puede hacer cuando durante tantos ha habido en la ciudad un gobierno monocolor, con o sin apoyospuntuales o pactos de gobierno, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos.

La “afloración” de una certificación de obras de más de medio millón de euros de una empresa que según el portavoz de los andalucistas, Francisco Romero, no ha podido presentar antes porque incluso está en suspensión de pagos, se antoja hartamente sospechoso.

Y no porque el Gobierno de José Loaiza haya podido no incluirla en el ejercicio de 2012 para poder cumplir con los objetivos del Plan de Ajuste y presumir de superavit. Esa sería una simpleza al  alcance de cualquiera que se viera en las mismas circunstancias, mientras que para el ciudadano, verdadero dueño del dinero municipal, el orden de los factores no altera el producto.

Lo sospechoso es que esa deuda no se haya tenido en cuenta en ejercicios anteriores, incluso en los que el PA presumía de superávit aun a costa de no pagar los servicios públicos, porque el hecho de que el presupuesto del estadio se hubiera disparado en esa cantidad se debería tener presente en las cuentas por el concepto que fuera.

Si a eso se suma que se trataba de unos trabajos de mejora realizados sin consignación de crédito y con el único visto bueno del gerente del Patronato -según se dijo en el Pleno- da que pensar que la praxis seguida por los anteriores gobiernos en materia económica, puesta en entredicho incluso hasta penalmente, aún puede arrojar más sorpresas.