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Málaga

Archivado el caso Oikos para Borja Gómez y un grupo de apostantes de Málaga

La Audiencia de Huesca ha confirmado el archivo del caso Oikos en relación al futbolista Borja Gómez y doce apostantes de Málaga investigados

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La Audiencia de Huesca ha confirmado el archivo del caso Oikos en relación al futbolista Borja Gómez y doce apostantes de Málaga investigados por su presunta implicación en una trama delictiva de partidos supuestamente amañados para la obtención de beneficios ilícitos, en concreto el celebrado el 27 de mayo de 2018 entre el equipo oscense y el Nástic de Tarragona.

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia de Huesca rechaza los argumentos esgrimidos por la fiscalía para recurrir la decisión del instructor de la Oikos de archivar el caso en relación con este grupo de apostantes, entre ellos el mencionado Borja Gómez, y confirma su resolución tras descartar la existencia de indicios suficientes de su participación en la referida trama criminal.

La fiscalía recurrió el pasado mes de febrero el auto de archivo de la causa respecto a los apostantes de Málaga, en el que el instructor advertía que las investigaciones adolecían de un cuadro indiciario "muy poco sólido".

El tribunal oscense coincide con el instructor en todos los extremos y argumenta que aunque aún está en investigación una supuesta trama de corrupción en el deporte presuntamente dirigida por los exfutbolistas Carlos Aranda y Raúl Bravo, las nuevas diligencias practicadas no han aportado nuevos datos sobre una vinculación con los apostantes.

"Todas estas circunstancias -subrayan los magistrados- ponen en entredicho que los apostantes investigados pudieran tener un papel relevante en la trama supuestamente dirigida por los señores Aranda y Bravo y, a la par, generan dudas sobre cómo conocieron el resultado supuestamente predeterminado, debiéndose suponer, todo lo más, que fue proporcionado por el señor Aranda".

Y añaden que "en definitiva, las diligencias practicadas hasta la fecha impiden identificar un pronóstico autoevidente de posible o de probabilidad mínimamente prevalente de la participación criminal de los apostantes o del señor Borja Gómez en la trama de amaños".

También sustentan su decisión de confirmar el archivo de la causa en la ausencia de previsiones de prueba en torno a estos hechos que pudieran aportar indicios de la participación de este grupo en la trama.

Mientras tanto, el magistrado instructor del caso está a la espera de resolver los escritos remitidos por las acusaciones y las defensas a su reciente requerimiento de que se pronunciaran sobre si procedía o no una nueva prórroga de la instrucción por seis meses más.

Este juez rechazó ya a finales del pasado mes de enero las peticiones de archivo formuladas por la defensa al término de la primera prórroga, tras valorar la existencia de pruebas pendientes.

Desde entonces, las defensas han insistido de forma reiterada ante el juez de la necesidad de no dilatar más el procedimiento y de valorar, tres años después de iniciarse el caso, la aplicación del principio de presunción de inocencia para sus respectivos clientes.

Estos letrados han cuestionado insistentemente toda la investigación desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al entender que no ha aportado prueba alguna contra sus respectivos clientes.

Sus solicitudes se produjeron en respuesta a un escrito de finales del pasado mes de abril del magistrado en el que aseguraba tener "dudas" respecto al informe aportado por la UDEF sobre el presunto pago de primas ilegales a la plantilla del Reus para que venciera al Valladolid en la liga de 2017.

En respuesta a este escrito, que ordenaba además la práctica de nuevas pruebas, los representantes legales del expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca Agustín Lasaosa y del jugador Íñigo López solicitaron la semana pasada al magistrado que acordara el libre sobreseimiento del caso en relación a sus clientes.

Ambos letrados responsabilizaron a los investigadores policiales de haber provocado una "causa general" con el fin de buscar posibles hechos delictivos, una instrucción "prospectiva" rechazada por el Constitucional que se amplía con el tiempo a la espera de que surjan hechos punibles.

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