Hace apenas unos días, una noticia conmocionaba a los amantes del futbol en nuestro país, haciendo que estos se sintiesen del todo atacados por una nueva maniobra, legal, llevada a cabo por LaLiga en la guerra que lleva librando años, en defensa de los derechos televisivos de la que esta es gestora y dueña.
Y es que, el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona el pasado 13 de febrero de 2.024, ha sido mal interpretado por muchos usuarios del denominada “Futbol Pirata”, quienes han creído que, este Auto, otorgaba a LaLiga el derecho de imponer sanciones a estos consumidores, no siendo ello, ni por asomo, cierto.
Es por ello por lo que, primeramente, tenemos que diferenciar entre Auto y Sentencia, mientras que esta última pone fin a un procedimiento, el Auto tan solo es un paso más en el seno de la causa que se está judicializando, sin que ello signifique que, LaLiga, pueda dirigirse de manera inmediata contra quienes consuman sus productos de manera ilícita.
LaLiga, ha utilizado una herramienta jurídica existente en nuestro ordenamiento jurídico, más concretamente, un procedimiento de Diligencia Preliminar, recogido en el artículo 256.1.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual corresponde a que, el titular de un derecho de propiedad intelectual, que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, podrá solicitar a un prestador de servicios, los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de determinados usuarios del servicio.
El Auto, lo que hace es, a petición de LaLiga, requerir a los operadores, que identifiquen los IP, nombres y apellidos, direcciones postales y NIF/DNI/NIE de los usuarios que acceden a este tipo de contenidos piratas y que se lucran por la redistribución de estos, es decir, que a quien se persigue, son a aquellas plataformas que se han hecho con el contenido protegido por LaLiga y que, de manera ilícita, se lucran con la difusión de los partidos de futbol, pero no persigue a aquellos consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios, ya sean estos económicos o comerciales.
Una vez llegados hasta este punto, cuando LaLiga disponga de los datos necesarios requeridos a los operadores, podrá iniciar un procedimiento judicial frente a quienes, con la difusión de los partidos protegidos por esta, se lucran con la redistribución de estos, pero será un Juez quien indique si el operador pirata, deberá resarcir el daño y perjuicio ocasionado al titular de los derechos, en este caso LaLiga.
Será la Sentencia dictada en el procedimiento judicial correspondiente, quien determinará o fijará los efectos y consecuencias que puede tener la redistribución de los derechos protegidos y propiedad de LaLiga, pero nadie más, ni la propia Liga, puede imponer a estos usuarios una sanción a su libre albedrío, puesto que no tiene competencias ni autoridad para ello.
Por lo que, la tranquilidad perturbada en estos últimos días, de todos aquellos usuarios finales que, a través de una app o una web, disfrutaban de los partidos de LaLiga, puede ser del todo repuesta, ya que, parece ser que LaLiga no se dirigirá contra ellos, sino contra quienes, a costa de los derechos del Señor Tebas, hacen su agosto entre gol y gol.
