El automóvil viene siendo uno de los principales. Visto cuanto soporta el automovilista, la Administración aprieta las tuercas con fuerza hercúlea. Pero el automovilista ya no está solo; comprobado lo que es capaz de soportar el ciudadano, se aprietan todas las tuercas posibles sin miedo a pasar la rosca, eso que la rosca está más que pasada. La tan espectacular como artificial subida del precio de la vivienda desde el anuncio del cambio de moneda ha contribuido muy eficazmente al desequilibrio de la economía y la Administración no puede ocultar su responsabilidad directa, por no haber hecho nada para evitar o, al menos, minimizar el impacto. Y por su propia implicación en el encarecimiento; por haber utilizado y continuar utilizando la carestía para recaudar, sin preocuparle ni poco ni mucho la ruina a que está sometiendo a las familias, en vez de imponer freno a la especulación, responsable de la situación actual.
En los últimos 25 años los sueldos han subido, por término medio, al doble. En el mismo período la vivienda ha subido un dos y hasta tres mil por cien. Responsable, dicen, el suelo. Pero el dinero oculto lo sacó el euro, no el suelo, tan sólo es uno de los elementos que intervienen en el proceso de construcción. En esta situación, para muchos ayuntamientos el crecimiento ya no era sólo una forma de obtener mayores ingresos de administraciones superiores; el tamaño de las ciudades sobrepasó en importancia a los servicios prestados al ciudadano.
Por supuesto, el “boom” inmobiliario se ha hecho responsable del fácil enriquecimiento de algunos y de la ruina de la mayoría. Hubo y hay otros culpables, especialmente la ineludible responsabilidad asumida por el Gobierno al mantener el negocio especulativo y participar de él con codicia mezquina. Creyeron que el ritmo de construcción se podía mantener eternamente y quisieron entrar en el reparto. Lo que necesita Andalucía, sus ciudades y pueblos, son viviendas a precio asequible, pero los ayuntamientos y el Gobierno no lo permiten. “Por sus obras les conoceréis”. Y la obra de la Administración continúa siendo la de supravalorar el precio de los inmuebles, y gravarlos al máximo,para ingresar más en concepto de IBI y sucesiones. Es escandalosamente lamentable que muchos propietarios ven imposible bajar el precio de sus viviendas y edificios para facilitar la venta, ante el superior gravamen al que se ven sometidos, porque Hacienda le tiene asignado un importe más alto, al que se aferran ayuntamientos y diputaciones en busca de mayores ingresos. El Fisco no reclama un porcentaje lógico del precio real de venta, sino otro, muy elevado, sobre el aplicado por ellos mismos, superior al valor real actual. Lamentable. Vergonzosamente lamentable que la voracidad recaudatoria impida bajar precios.
Por lo visto, no hace falta ser corrupto para confundir vivienda con negocio, para que el derecho a una vivienda quede por debajo de la ambición administrativa, aunque algo tiene que ver. ¿Quién es culpable de que el precio de la vivienda se mantenga tan alto?
