El juzgado de lo mercantil de Cádiz ha condenado al Banco Santander apagar a la Cooperativa Virgen de la Caridad de Sanlúcar más seis millones de euros, correspondientes al importe de la hipoteca que gravaba la bodega Teresa Rivero (antes Caydsa) como consecuencia de una operación de crédito que la familia Ruiz Mateos realizó sobre este patrimonio de la cooperativa nada más adquirir la bodega en el año 2009.
La sentencia, pese a poder ser recurrida en los próximos días por el Banco Santander, abre una puerta a la esperanza de los 700 viticultores que conforman la cooperativa más antigua del Marco de Jerez en su lucha diaria para sacar adelante una entidad que viene atravesando serias dificultades económicas.
A esta sentencia favorable, sobre la que el abogado de la cooperativa, José Gómez Villegas, pedirá la ejecución provisional de la sentencia, de manera que pueda revertirse en la actual titular del préstamo, Promontoria Holding 36 BV para la cancelación de la misma.
A esta noticia, que constituye una “gran satisfacción” para los cooperativistas, se suma el hecho de que el pasado 3 de marco la Cooperativa del Campo Virgen de la Caridad haya conseguido finalmente la viabilidad gracias al convenio de quita alcanzado con los acreedores en el transcurso de la Junta que tuvo lugar en el juzgado de lo mercantil en Cádiz.
Hay que recordar que la cooperativa consiguió en noviembre de 2012 recuperar la propiedad de la bodega Teresa Rivero -sobre la que ya trabajan en su cambio de nombre - tras demostrar en los tribunales el incumplimiento del contrato de compra - venta por parte de la familia Ruiz Mateos.
DEUDA PENDIENTE
Con todo, la situación de la Cooperativa Virgen de la Caridad es muy complicada. El letrado de la cooperativa continúa las acciones emprendidas contra la familia por la deuda que a través de distintas sociedades contrajo como consecuencia de la compra del mosto correspondiente a las cosechas de 2007 y 2009, cuyo valor supera el millón y medio de euros. Actualmente, la deuda refinanciada de la cooperativa supera los cinco millones de euros pese a lo que la junta rectora confía en la recuperación y la viabilidad de la empresa.
A finales de 2014 se cumplirán cuatro años desde la entrada de la nueva junta directiva que ha emprendido todas las acciones legales posibles por haber viable un negocio del que dependen 700 viñistas de Sanlúcar.