Tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ratificaron ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral el informe que entregaron en su día en la Audiencia Nacional que concluye que la exalcaldesa, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.
Del Moral, que investiga a la ahora diputada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, interrogó también ayer a tres testigos sobre este asunto, uno de ellos el que fuera teniente de alcalde y delegado de Promociónen el momento de los hechos, Bernardo Villar, quienes negaron la comisión de irregularidades en este expediente.
El informe de la UDEF, que fue remitido en su día al que fuera instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculos ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.
La investigación determinó que con anterioridad a que se firmaran los contratos ya se efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos. En concreto, las empresas entregaron a Promoción de la Ciudad la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización. Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban “dar una apariencia de legalidad” al procedimiento.
La UDEF precisa que en los documentos consta la “antefirma y firma” de García-Pelayo en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.
La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Promoción, y quien reflejó su “antefirma, firma y rúbrica”. Según la investigación, Bernardo Villar, también habría rubricado los contratos.
Villar declaró ante el juez
Villar declaró ayer ante el juez en calidad de testigo, así como los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González. Todos ellos mantenían ayer la condición de testigos, ya que no fueron imputados.
Al término de las declaraciones, que se extendieron durante unas tres horas, Villar eludió hacer declaraciones, limitándose a señalar que lleva tiempo alejado de la política y que además está enfermo.
El PSOE pide al PP que ‘eche’ a Pelayo
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, pidió ayer al PP que fuerce la dimisión de la diputada María José García-Pelayo, que está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Maese insta al PP “a que ceda el paso ya al concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García, para acabar así con la impunidad de la que fuese alcaldesa, sobre la que cada día que pasa se estrecha más el cerco judicial, aumentando la sombra de duda” sobre su persona.
