El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado la moción presentada por el PP, con el voto contrario de PSOE, Participa Sevilla e IU y pese al apoyo de Cs, en la que defendía no llevar a cabo recortes en las unidades de centros educativos "sostenidos con fondos públicos" y que tengan demanda social el próximo curso, un pan de reversión de las unidades suprimidas y garantizar la "complementariedad y convivencia" de la concertada y la pública.
Desde el PP se criticaba la "denominación" de la concertaba y desde Cs se defendía el "derecho a elegir" ante unos centros subvencionados que "no son para las élites". Frente a ello, el PSOE afirma que "nunca estará con los colegios que segregan por sexo" y Participa Sevilla e IU dejan claro que "la Constitución no dice que si un padre quiere una educación diferenciada la tenga que pagar el Estado".
El concejal del PP Ignacio Flores se pregunta "qué delitos han cometido los colegios concertados para que de nuevo" se plantee quitar sus líneas, achacándolo a que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "se tiene que presentar a una primarias en su partido y dar un giro a la izquierda demonizando la concertada". Asimismo, asegura que no entiende "por qué se tiene que poner en duda la libertad de un padre a elegir donde su hijo estudia".
El edil cuestiona si "acaso la concertada de Torreblanca, Alcosa o a la que van los de vivienda sociales en Sevilla son de élite". Propone que se reduzcan las ratios por aula y no se eliminen líneas en la concertada porque "eso conlleva el despido de profesores", aunque sí insta a reflexionar sobre "el porqué Sevilla está a la cola de fracaso escolar".
De su lado, la concejal delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño (PSOE), tras subrayar que "unos acusan al PSOE de ser muy de izquierdas y otros muy de derechas, pero tenemos claro que somos socialdemócratas, socialistas", ha señalado que la Junta de Andalucía tiene ya un principio de acuerdo con la patronal de los colegios concertados, pero "preservando la educación pública ante cualquier amenaza, como ha podido ser la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)".
"Ningún padre o madre que tengan ya a su hijo en un colegio concertado tendrán una merma. No denostamos la privada", insiste, apostando por la "eficacia del sistema educativo y la optimización" de los recursos y recordando que lo que se está analizando son los niveles de entrada de los primeros cursos, cuya oferta "hay que adecuar a las circunstancias". Sin embargo, deja claro que "nunca se estará con los colegios que segregan por sexo".
En línea con el PP, el edil de Cs Francisco Moraga aboga por la "coexistencia" entre la pública y la concertada, que considera que "también es pública", e insiste en que la concertada "no es elitista". "Habrá padres con una economía holgada que quieren que sus hijos estudien en la pública y otros más ajustados que quieren que vaya a la concertada. Que cada uno libremente elija donde quiere que estudien sus hijos y que la pública impulse su calidad", recalca.
Por el contrario, la concejal de Participa Cristina Honorato deja claro que esto no se trata de libertad de elección sino de "segregación en escuelas privadas subvencionadas que reproduce las desigualdades sociales", añadiendo que el 85 por ciento del alumnado con necesidades especiales o problemas de exclusión social está en la pública y el 60 por ciento de las concertadas son para personas "con rentas de alto nivel económico y sólo un nueve por ciento de clase desfavorecida".
Señala que estos centros subvencionados se concentran en poblaciones de más de 20.000 habitantes y se pregunta si entonces no se defiende esa libertad de elección en los pueblos más pequeños. Recuerda que en el centro de Sevilla hay cinco públicos y 13 concertados, 12 religiosos, por lo que se pregunta "dónde está la libertad de quien no quiere uno de esos centros católicos". "Es tiranía, clasismo y elitismo, no elección", sentencia, subrayando que "la concertada existe porque hay un saqueo en la pública, siendo ésta actualmente subsidiaria de la concertada".
El portavoz de IU, Daniel González Rojas, aboga por la supresión de los conciertos escolares con una integración voluntaria y negociada con los centros que se quieran incorporar a la red pública, mientras que los que están en suelo público pasarían a la red pública.
"La Constitución reconoce el derecho a la elección pero no a la subvención. Nadie está limitando que los padres decidan donde educarlos, no se coarta la libertad, pero la Constitución no dice que si quiero una educación diferenciada lo tenga que pagar el Estado", recalca. Además, señala que "no tiene sentido eliminar líneas públicas para mantener las concertadas, especialmente cuando se está en un momento de crisis económica.
