Gas y agua, dos elementos que tienen en jaque a Doñana y que han avivado esta semana el debate político.
De un lado, la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital del Congreso ha instado este miércoles al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias.
La Proposición No de Ley (PNL), defendida por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la “máxima protección, preservación y conservación” del espacio natural de Doñana y su entorno y que establezca las vías “legales necesarias y posibles” para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos.
Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos “sinérgicos y acumulativos” del proyecto ya que en la actualidad, las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total.
Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos que, si se consideran en su totalidad, pueden provocar afecciones significativas en un mismo espacio protegido.
La PNL se ha aprobado tras incluir una enmienda del grupo socialista, defendida por la onubense Pepa González Bayo, en la que precisamente se pedía la evolución conjunta de los cuatro partes del proyecto. “No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa”, ha lamentado la socialista.
Mientras, el diputado del PP Jesús Postigo ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular a la Junta de Andalucía de “trocear el proyecto”.
En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN.
Del gas al agua
También en el tema del agua ha habido este miércoles reproches políticos. Tras lanzar la Junta la pelota al tejado del Gobierno en el tema de la delicada situación del acuífero de Doñana, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido que la Administración andaluza va “tarde” en la petición de un trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua a la zona de Doñana desde el Guadiana.
En este sentido, ha reiterado el “compromiso” del Gobierno para ese trasvase, dentro del Pacto Nacional del Agua que ha ofrecido el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, ha resaltado que el Gobierno “viene trabajando desde hace tiempo” en mejorar la situación de los humedales de Doñana, y en esta línea ha destacado el sellado de más de 300 pozos de aguas subterráneas en los últimos meses o la compra de la finca Cortijo Los Mimbrales, que ha significado que “se hayan ahorrado siete hectómetros cúbicos en beneficio del Espacio Natural de Doñana”.
Asimismo, ha destacado la mejora del agua superficial de Doñana con el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos de la zona de El Fresno.
Por su parte, la Junta ha dado cuenta también este miércoles del desarrollo del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana, que ha calificado hasta el momento como suelo agrícola regable un total de 4.482 hectáreas.
Respecto a las diferentes actuaciones llevadas a cabo por las administraciones dentro de sus competencias, se han realizado hasta la fecha un total de 554 actas de inspección por las administraciones hidráulicas y forestal competente, con la apertura de 215 expedientes sancionadores en distintas fases de instrucción, además de 99 visitas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fincas con derechos otorgados para la comprobación o modificación, en su caso, de sus características.
