Después de que el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla haya tomado declaración como investigado al alcalde de Bormujos, Francisco Molina (PSOE), a cuenta de la denuncia formulada en su contra por el PP, al atisbar dicho partido posibles delitos de prevaricación y malversación en el contrato adjudicado a la empresa Evartisto SLL para el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos; el PSOE de dicho municipio ha acusado al PP de "volver a utilizar la Administración de Justicia torticeramente, como palanca política".

Según recuerdan los socialistas, el juzgado ha ceñido la personación del PP en las diligencias a la entrega de una fianza de 6.000 euros, un dinero que no haría llegado a depositar el partido, no logrando así su personación en la causa. "Son unos irresponsables. Si tan seguro está el PP de que se hubiera cometido un presunto delito, pues que hubieran pagado esos 6.000 euros", considera el PSOE.

Tras declarar ante el juzgado, el alcalde manifestaba a los medios de comunicación su convicción de que esta causa judicial "se va a archivar", esgrimiendo que la propia Secretaría General del Ayuntamiento "avala la legalidad del contrato" denunciado por el PP.

En ese sentido, defendía que había contestado a "todas las preguntas" del juez, exponiendo que la Fiscalía no asistió a la comparecencia tras haber desechado la denuncia inicial del PP, que tampoco participó de la sesión tras serle reclamada una fianza de 6.000 euros para su personación en las actuaciones.

La contratación investigada

La contratación investigada El asunto gira en torno a una resolución de Alcaldía firmada el 19 de octubre de 2020 adjudicando el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos a Evartisto SLL por 17.968,5 euros, una resolución rubricada además por la habilitada nacional que ejercía como secretaria general del Ayuntamiento de Bormujos, según dicho documento recogido por Europa Press.

Al respecto, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Dolores Romero, aseguraban al formalizar esta denuncia que el seguimiento de los protocolos Covid-19 en los centros educativos es "una competencia única y exclusiva" de la Junta de Andalucía, criticando además que el contrato fuese adjudicado a "una empresa de eventos y espectáculos", más en concreto "a un mago", según las populares, avisando de que el objeto social de la entidad adjudicataria no abarcaría las labores de "asesoramiento" encomendadas.

El papel de la empresa

El Consistorio, de su lado, defendía que esta empresa lleva "varios años" trabajando en el ámbito educativo de Bormujos "con monitores de apoyo escolar, pedagogía, talleres de educación, ludotecas, cuentacuentos, coaching y formación o igualdad".

En ese sentido, la agrupación socialista de Bormujos ha asegurado que el contrato investigado está "perfectamente justificado" y ha defendido la "inocencia" del primer edil".

En paralelo, recordemos que el Juzgado de lo Penal número ocho tiene fijado para el 30 de noviembre de este año el juicio previsto contra el alcalde de Bormujos y la concejal de Obras Públicas, la también socialista Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y el arquitecto del propio Ayuntamiento.