Finalmente no ha sido consumado el lanzamiento que el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla habría fijado para la mañana de este viernes, con relación a una vivienda del número tres de la calle Cabo de Gata habitada por una familia en situación de vulnerabilidad, según ha informado a Europa Press Miguel Balbuena, de la Oficina de Derechos Sociales (ODS), concretando que la comisión judicial no ha hecho acto de presencia, sin que hayan trascendido los motivos.

Según Balbuena, para apoyar a la familia se ha celebrado una concentración a las puertas del inmueble, acudiendo asimismo una dotación de la Unidad municipal de emergencias sociales y exclusión social (UMIES) del Ayuntamiento de Sevilla, que habría previsto un alojamiento temporal para estas personas, según ha dicho.

No obstante, la comisión judicial no habría hecho finalmente acto de presencia, con lo que el abogado que representa a los afectados prevé consultar con el juzgado si tal extremo deriva de alguna incidencia meramente formal o ha sido aceptado alguno de los planteamientos elevados al juzgado en defensa de esta familia.

Se trata de dos inmigrantes procedentes de Ghana y Nigeria, con dos hijos nacidos en España, un niño de cuatro años y un bebe de ocho meses. "Su actual situación refleja las enormes dificultades que pueden llegar a sufrir las personas migrantes, pues a las dificultades de la regularización y acceso al trabajo formal se les suma las de la vivienda", indica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).

"La madre llegó en patera a España embarazada del hijo mayor. El padre trabaja de forma eventual, como peón agrícola y en diversas labores del sector informal, ante la imposibilidad de conseguir permiso de trabajo tras rechazarse su solicitud de asilo. Esta situación de irregularidad se transmite a sus hijos, aunque hayan nacido en España y se encuentren plenamente integrados en el barrio", indica la APDH-A, avisando de que "la situación irregular somete a esta familia, como a muchas otras, a una extrema tensión".

"Aunque pueden mantener a sus hijos en condiciones dignas, con un enorme esfuerzo, se les presentan enormes trabas para lograr acceder a un trabajo estable o a cualquier tipo de subsidio. Subsisten por lo tanto precariamente, gracias a los escasos ingresos eventuales y el apoyo de sus vecinos y vecinas", resume el colectivo, precisando que la familia "no ha dejado de pagar el alquiler de su vivienda en ningún momento", pero como "la propietaria había dejado de pagar la hipoteca, "la propiedad del piso había pasado al Banco Sabadell, que ahora lo reclama", fruto de lo cual afrontan su desahucio.

"La familia cuenta con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. A pesar de la precariedad económica, es una familia muy integrada en el barrio. Llevan cuatro fechas de desahucios en el último año, que se han paralizado por diferentes cuestiones", expone la asociación.