La Fiscalía de Sevilla reclama tres años de cárcel para la exalcaldesa socialista de Algámitas Virtudes Cabello, y para Antonio M.M. como secretario interventor del ayuntamiento de dicho municipio de la Sierra Sur, por un presunto delito continuado de falsedad en documento en concurso con un delito de prevaricación urbanística, a cuenta de la construcción de un recinto hotelero en terrenos calificados como no urbanizables e invadiendo la zona de servidumbre no edificable de una carretera.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, entre 2007 y 2008, la empresa Promocañete S.L., representada por la acusada Estefanía M.C. y con José Antonio M.M., secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, como administrador único, promovió la construcción de un recinto hotelero propiedad de la entidad en el punto kilométrico 1,5 de la carretera provincial SE-9225, que conecta Algámitas y Pruna.
Las obras fueron acometidas, según la Fiscalía, en terrenos calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente entonces, pesando un informe de la Consejería de Ordenación del Territorio emitido en octubre de 2008 con el aviso "expreso" de que la construcción "se ha ejecutado incumpliendo las determinaciones del régimen del suelo no urbanizable"; así como a menos de nueve metros con relación a la carretera SE-9225, invadiendo así la "zona de servidumbre pública de no edificación" y sin "autorización previa" de la Diputación como titular de dicha vía.
Según la Fiscalía, José Antonio M.M., en su papel de secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, "informó favorablemente al proyecto de actuación a sabiendas de que carecía de la preceptiva licencia de obras" por los aspectos ya indicados, mientras el también acusado Alfonso M.A., como redactor del proyecto de obra, realizó el mismo "conociendo la ilegalidad", "certificando el 24 de diciembre de 2008 que se habían ejecutado las obras sin que se hubiera concedido la licencia definitiva" y pese a concurrir todas las incidencias ya descritas.
La entonces alcaldesa de Algámitas, según el Ministerio Público, concedió una licencia de obras "a pesar de conocer que la obra se estaba realizando en la zona de no edificación por la zona de servidumbre" de la carretera y en suelo no urbanizable, además de que la actuación carecía igualmente de calificación medioambiental.
La Fiscalía prosigue narrando que el secretario interventor del Ayuntamiento y administrador único de la empresa promotora del recinto hotelero, ante los requerimientos de documentación de la Guardia Civil, "confeccionó documentos para justificar las notificaciones a los titulares de las fincas colindantes", fechando las mismas "antes" de la inspección del Instituto Armado cuando "realmente habían tenido lugar después".
Además, este acusado y la entonces alcaldesa, siempre según la Fiscalía, confeccionaron y firmaron otros documentos presuntamente falsos, como un "decreto de calificación ambiental y licencia urbanística" numerado como 471, expediente que realmente "correspondía a un proyecto de educación ambiental que no tenía nada que ver" con estas obras o una petición de licencia de obras, que en verdad correspondía a una entidad de cuidado de personas mayores.
Dado el caso, la Fiscalía pide para Estefanía M.C. y Alfonso M.A. un año de cárcel y una multa por un delito continuado de falsedad en concurso con un delito contra la ordenación del territorio, mientras para el secretario interventor del Ayuntamiento y la alcaldesa reclama tres años de prisión, nueve años de inhabilitación y sendas multas, por un presunto delito continuado de falsedad en documento en concurso con un delito de prevaricación urbanística.
La exalcaldesa de Algámitas, recordémoslo, ya fue condenada a siete años de inhabilitación por autorizar la construcción de cuatro viviendas en suelo no urbanizable en la zona conocida como Las Hazuelas, pese al criterio en contra de los técnicos municipales.
El juicio contra todos ellos estaba fijado para el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, pero fue suspendido, mientras el año pasado la Diputación ya emprendió la demolición subsidiaria del recinto.
