Los aledaños de la Audiencia de Sevilla han acogido este miércoles una concentración de abogados y procuradores, en demanda de "un acuerdo" de las instituciones, partidos políticos y agentes sociales, que "reactive de forma inmediata el servicio público de justicia" tras la concatenación de huelgas; así como "medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados", que están afectando directamente a la actividad laboral y por ende ingresos de los letrados y procuradores.
Durante este acto, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León; ha leído un manifiesto, exponiendo el "cansancio" del sector ante las consecuencias que padecen los letrados y procuradores "por las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia, que se suman a un déficit histórico y estructural que arrastra desde hace décadas el servicio".
Alude, en concreto, a la prolongada huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), es decir los secretarios judiciales; el "conato de huelga de jueces y fiscales" y la actual huelga indefinida de funcionarios, en todos los casos en demanda de mejoras salariales; toda vez que el último de estos paros "continúa manteniendo paralizada la justicia, sin control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos, y sin viso alguno de solución".
"Tras cuatro meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027", ha enfatizado el decano de los letrados.
Todo este cúmulo de "paralización de procedimientos y actuaciones judiciales, así como de retrasos en los señalamientos, los mandamientos de pagos o las costas", según Óscar Fernández León, está afectando al colectivo de la abogacía y los procuradores, hasta el punto de que muchos profesionales "dejan de trabajar o ven disminuir considerablemente su actividad profesional, planteándose incluso el cierre de sus despachos".
"El maltrato a la Justicia, y por extensión a la abogacía, se intensifica en la situación que padecen los abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, quienes desempeñan su trabajo en unas condiciones precarias e indignas", ha enfatizado Fernández León, exponiendo que "las llamadas de auxilio ante la precariedad de la situación y las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto y no han servido para nada".
Por eso, el manifiesto reclama que el Ministerio de Justicia, la Junta, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, los partidos políticos y el resto de agentes involucrados en el servicio público de Justicia, realicen "un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, un gran Pacto de Estado que permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho".
Así, el decano de los abogados sevillanos ha reclamado "un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados".
