El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ha defendido este miércoles en un comunicado que el Consistorio "actúa según la Ley y aplicando la normativa" a la hora denegar a las constructoras 'Detea' y 'Aldesa' los más de 2,6 millones de euros que reclaman por encima del coste total de la construcción de la nueva sede de las delegaciones de Seguridad y Movilidad. "Se han realizado varios informes y los técnicos de Urbanismo han entendido que lo que reclama esta constructora no tiene fundamento legal alguno", señala Vílchez.

   En este sentido, Vílchez ha señalado que "se ha revisado pormenorizadamente la obra y los documentos justificativos de la misma y los técnicos no han encontrado justificación al sobrecoste que reclama la empresa y, por tanto, no puede atender a esos pagos. Esta reclamación es una más de las que este gobierno se ve obligado a hacer frente por la incapacidad, ineficacia e incompetencia del anterior gobierno en cuanto a como se llevaban, controlaban y justificaban las obras".

   "La resolución que la Junta de Gobierno aprobó, sobre el impago de estas cantidades solicitadas por la empresa, siempre ha seguido el procedimiento legalmente establecido y con los documentos aportados y que obran en el expediente, no hay razones para pagar la cantidad reclamada", concluye el concejal.