El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla llevará al próximo pleno una moción en la que instar al Gobierno central a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por los municipios en el marco del plan de pago a proveedores, ampliando el período de carencia, el plazo de amortización y la reducción del tipo de interés.
Según la moción, a la que tuvo acceso Europa Press, desde el PSOE se pretende dar soluciones ante el problema que asegura que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades locales, por lo que se propone "una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local".
Además, se pedirá también que la Diputación solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dos años de carencia, con retención cero para los municipios que, por no tener plan de ajuste aprobado, llevan casi dos años con una retención del 50 por ciento de la Participación de Ingresos del Estado (PIE). Posteriormente, apunta a seguir con una retención, no superior al 25 por ciento, hasta saldar su deuda.
En este sentido, el PSOE recuerda que el Ministerio de Hacienda ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para las comunidades autónomas y municipios cuyo objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase, a través del Real Decreto 8/2013.
Sin embargo, advierte de que el mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los Ayuntamientos en "deuda financiera". Añade que en mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, diez años con dos de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores, aunque previamente las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el Ministerio.
Señala que el primer tipo de interés que se comunicó para la devolución fue del 5,939 por ciento. "Las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo, a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", insiste, tras lamentar que sea una política de Estado en la que "no colaboraron para su definición las entidades locales, que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios Ayuntamientos".
En este marco, detalla que a las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores se acogieron 3.777 municipios, por un importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron de 282 municipios, por un importe de 215.754.812 euros.
Así, explica que, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con dos años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. "Esto supondrá, que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venía haciendo en los dos primeros años, y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", afirma.
