El gobierno municipal lleva ya medio año estudiando las alegaciones presentadas por asociaciones y oposición a uno de sus proyectos que más contestación social ha suscitado: la nueva Ordenanza sobre Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. El equipo de gobierno expresó en una respuesta a la Comisión de Ruegos y Preguntas que la demora se debe a la complejidad del asunto y a la necesidad de extremar el rigor en el análisis, admitiendo que el proyecto original será finalmente modificado.
El Pleno aprobó inicialmente en julio de 2013 la conocida como Ordenanza del Ruido únicamente con los votos a favor del PP y el rechazo de la oposición, al que se unieron asociaciones de vecinos y diversos colectivos, como Juristas contra el Ruido y la Plataforma contra el Ruido.
El texto vio la luz con una fuerte polémica tras conocerse que el primer proyecto, redactado por técnicos municipales y que llegó incluso a ser tomado como modelo para su aplicación en toda Andalucía por la FAMP, fue desestimado por el gobierno municipal, el cual a continuación gastó 21.000 euros en contratar una asesoría externa para que elaborara un texto alternativo.
El nuevo proyecto fue objeto de un dictamen muy negativo por parte del catedrático de Derecho Administrativo de la US Jesús Jordano Fraga, encargado por asociaciones de vecinos y la Plataforma contra el Ruido. Entre las muchas deficiencias, destaca que los veladores no se consideraran fuentes emisoras de contaminación acústica, la vía libre a nuevas licencias en zonas acústicas saturadas y la legalización de actividades emisoras de ruidos en viviendas.
Desde que el 14 de noviembre de 2013 terminara el plazo para las alegaciones, muchas basadas en el dictamen de Jordano, ha pasado medio año y el gobierno mantiene ralentizado la aprobación de un texto que ni satisface a hosteleros, lo ven demasiado restrictivo, ni a asociaciones vecinales, por demasiado permisivo.
Extrañado por la tardanza, el PSOE elevó el asunto antes de Semana Santa a la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones del Ayuntamiento para saber por qué no se había respondido todavía a los alegantes, no se había comunicado si se había modificado el texto original y tampoco se había tramitado para su aprobación definitiva.
Según la respuesta del delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el Servicio de Protección Ambiental no ha podido atender a todos los alegantes debido a que tiene que compaginar sus tareas con el estudio de las alegaciones. El retraso se debe fundamentalmente al “estudio riguroso” de todas ellas. “Dada la complejidad de la materia objeto de la Ordenanza y la importancia que la misma tiene en la sociedad sevillana -afirma el delegado- están siendo analizadas y estudiadas para determinar su incorporación al texto…”.
Vílchez anticipa que “lógicamente, del resultado del estudio y estimación de muchas alegaciones, el texto aprobado inicialmente será modificado”.
