El movimiento social 15M ha recordado este jueves que un mes y medio después del desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde un colectivo de familias habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', nueve familias o personas individuales siguen a la espera de ser incluidas en los realojos provisionales promovidos por la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, en el caso de ocho familias de este colectivo que recibieron las llaves de viviendas protegidas de titularidad autonómica.
"Un mes y medio después del desalojo, sólo se han realojado a ocho familias y el resto sigue en la calle después de más de dos años de lucha por una vivienda digna para todas las personas. Las instituciones han cumplido el guión que les interesa para permanecer en el poder: la banca es intocable. Ni expropiación ni alquiler social en el edificio de Ibercaja, de nuevo vacío y entregado a la especulación, y las familias, sin techo", explica la corriente ciudadana 15M en un comunicado, toda vez que las citadas nueve familias o personas están sujetas a la nueva evaluación de su situación socioeconómica por parte del Ayuntamiento hispalense, siempre dentro del acuerdo alcanzado entre las administraciones.
Para el 15M, "el papel de las administraciones, lejos de responder a su obligación de velar por el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, ha sido el de dinamitar la acción directa autoorganizada para forzar el uso social de edificios vacíos y lanzar un mensaje tranquilizador a la banca: la propiedad privada es sagrada. Los intereses de la banca están por encima del derecho a una vivienda digna de miles de personas en la calle o a punto de perder su hogar".
MES Y MEDIO DESPUÉS
El 15M recuerda que cuando la Consejería de Fomento y Vivienda entregó a ocho de las familias o personas desalojadas llaves de viviendas protegidas de titularidad autonómica, se comprometió a que haría lo propio, al día siguiente, con el resto del colectivo de personas desalojadas, pero estas personas "aún siguen en la calle" mientras "el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a utilizar la burocracia para seguir dilatando el realojo de las familias, solicitando documentación ya existente o pidiendo información innecesaria".
Así, el movimiento social reclama "una solución inmediata para estas familias y para todas las personas que no tienen acceso a una vivienda digna".
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.
LAS NOTAS INFORMATIVAS
Al objeto de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.
Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social.
