El Consejo de Administración de Mercasevilla acordó ayer por unanimidad solicitar preconcurso de acreedores como medida de protección para evitar el posible embargo de sus cuentas tras pedir la compañía Sando la ejecución de la sentencia que condena a la lonja a pagarle una indemnización de 8,9 millones de euros más varios tipos de intereses en el caso de las parcelas que le adjudicó y que la firma malagueña no pudo explotar debido a la falta de acometidas eléctricas y otras anomalías.
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó el pasado mes de julio la sentencia condenatoria contra Mercasevilla en el pleito que desde hace unos cinco años la enfrentaba a Sando, cuyos intereses defendió el bufete sevillano Pérez Alfonso.
La lonja debía abonar a la constructora malagueña 8.944.710,30 euros. A esta cantidad hay que unir los intereses ordinarios, a contar desde que se interpuso la demanda hasta que se emitió el fallo judicial. Y también los intereses monitorios, que se contabilizan a partir de la fecha de la sentencia y que suponen dos puntos más que el interés legal del dinero. Por aquel entonces, entre principal e intereses la cantidad a pagar por Mercasevilla ascendía a unos 12 millones de euros.
Como los intereses han seguido creciendo día tras día desde el mes de julio sin que Mercasevilla consignara judicialmente el dinero para evitar tal circunstancia y a aquéllos hay que sumar los costes de los procedimientos en primera y segunda instancias, las costas de ejecución y otros conceptos, actualmente la deuda asciende ya a unos 14 millones de euros.
Ningún pago
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento, accionista mayoritario de Mercasevilla, acordó una modificación presupuestaria con el fin de reunir 5,4 millones de euros que inyectar en la lonja para salvar la compañía, evitar su disolución y mantener su titularidad y gestión públicas, una cantidad que debía complementar por el monto restante el otro gran accionista, la estatal Mercasa.
Sin embargo, ese acuerdo no se ha traducido hasta la fecha en ningún pago a Sando y, por otra parte, el dinero tampoco habría sido ya suficiente para saldar el total de esos 14 millones, por lo que la constructora, cansada de esperar tras cinco años de pleitos y casi medio año desde la sentencia, pidió en vísperas del puente de la Constitución el embargo de todas las cuentas de Mercasevilla y la información patrimonial completa de la sociedad.
Esta acción de Sando, que había justificado en su día ante la Justicia el gasto de 8,9 millones de euros en la operación concertada con Mercasevilla para la explotación de parcelas y/o naves industriales y que no ha podido recuperar la inversión realizada desde los tiempos de Monteseirín como alcalde, es la que ha precipitado la decisión de Mercasevilla, cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento, de presentar el preconcurso de acreedores una semana después, con el fin de evitar el embargo de sus cuentas y de disponer del balón de oxígeno de cuatro meses de duración (tres más uno) que le permite la ley.
Pillados
La figura del preconcurso de acreedores sólo obliga a Mercasevilla a notificar su decisión al Juzgado y le permite negociar de forma reservada con sus acreedores. La compañía está obligada a pagar con los fondos que genere su actividad a sus trabajadores, la Seguridad Social y Hacienda, pero el resto de proveedores y acreedores se verá pillado en esta situación hasta bien entrada la primavera en el peor de los casos, el máximo plazo legal de que dispone Mercasevilla para arreglar su situación.
El problema añadido es que por cada día que siga sin pagar a Sando continuarán incrementándose los intereses y, por tanto, la deuda; y que si pasado el plazo legal no cumple con sus obligaciones económicas se verá abocada, entonces sí, al concurso de acreedores.
