El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha tomado declaración durante los últimos días a varias personas relacionadas con el Ayuntamiento de Espartinas, en el marco de la investigación de las anomalías detectadas en los contratos municipales del programa autonómico de Ayudas a la Contratación de personas en exclusión social.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, habrían comparecido en el juzgado algunos de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Espartinas, así como trabajadores de los servicios sociales comunitarios. En la causa, recordémoslo, figura como imputado el exalcalde de Espartinas José María Fernández (C's), quien dimitió precisamente a cuenta de su imputación pero permanece en el Ayuntamiento como concejal del Gobierno municipal, ahora liderado por Olga Hervás.
El asunto parte de una vecina que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento de Espartinas, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.
"ALGUNA IRREGULARIDAD"
Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.
Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones", reconociendo que este trámite concreto había sido omitido y que los técnicos habían aplicado equivocadamente los criterios estipulados para la selección de las personas agraciadas con estos contratos temporales.
LA DENUNCIA DEL PP
Dado el caso, las 18 contrataciones entonces ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", elevando el PP una denuncia a los tribunales, porque "el gobierno local realizó 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de septiembre de que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones".
La denuncia en cuestión, como es sabido, motivó la imputación del alcalde, José María Fernández (C's), quien acabó dimitiendo y cediendo la Alcaldía a su compañera de filas Olga Hervás. En su comparecencia ante el juzgado, Fernández habría explicado que todo responde a una incidencia "meramente administrativa", porque "se omitió el plazo de alegaciones y los técnicos se equivocaron con la baremación", recordando que "el procedimiento fue retrotraído" para corregir las incidencias.
"Confiamos en el archivo de la causa, porque la denuncia no tiene ni pies ni cabeza", señalaba a Europa Press el exalcalde antes de declararse "optimista" respecto a la evolución del procedimiento judicial.
