El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha considerado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ido "más allá de la crítica" a un magistrado con sus palabras sobre el juez de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo Javier González, autor del voto particular contra la sentencia condenatoria de 'La Manada', cuando afirmó que "tiene algún problema singular".
Para Francisco Guerrero, el ministro ha ido "va más allá de la crítica" con sus declaraciones sobre el juez Ricardo González, ya que "no respeta el principio constitucional de división de poderes ni el respeto institucional entre dichos poderes", añadiendo que es "una situación delicada que afrontarán con profesionalidad".
Así se ha manifestado Guerrero en declaraciones a los periodistas durante el paro parcial de una hora que otro jueves más han secundado miembros de las carreras judicial y fiscal, en este caso más de un centenar, ante la Audiencia Provincial de Sevilla, para continuar con sus reivindicaciones.
Cabe recordar que, convocados por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales (la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales), vienen desarrollando acciones de protesta por su situación en todas las capitales de provincias y ciudades más importantes de Andalucía, pues se trata de un calendario de movilizaciones a nivel estatal.
En este sentido, los paros parciales se repiten cada jueves durante una hora desde la semana pasada y hasta el 18 de mayo en toda España. Además, está previsto, dentro del calendario de movilizaciones, una huelga y manifestación ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid este viernes, así como otra huelga el martes 22 de mayo.
Precisamente, sobre estas reivindicaciones Gallardo ha señalado que "sigue sin ser atendidas las demandas de las carreras judicial y fiscal", por lo que seguirán con las acciones reivindicativas como "llamadas de atención". "No tenemos noticias del Ministerio ni comunicación de nuestros representantes en las negociaciones", ha indicado.
La huelga del martes 22 de mayo coincide con la celebración en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En este sentido y ante la posibilidad de suspensión de la sesión prevista para ese martes, el juez decano ha señalado que respetará que se ejerza o no el derecho a huelga de todos los profesionales de la carrera judicial.
REIVINDICACIONES DE JUECES Y FISCALES
Las principales reivindicaciones de jueces y fiscales, recogidas en un manifiesto leído el pasado 5 de abril en una concentración en todas las capitales andaluzas, son, entre otras, reforzar la independencia judicial con la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.
Igualmente, piden un plan de inversión destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal; modernizar los edificios judiciales; y un proceso de digitalización; la implantación de los tribunales de instancia o dotar de medios adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
De otro lado, piden recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Los fiscales, de otro lado, solicitan la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción; la paralización de la implantación de la justicia digital hasta no garantizar el correcto funcionamiento de los programas y equipos; reforzar la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
