El Partido Popular de Andalucía ha expresado este viernes sus sospechas sobre que algún miembro de los imputados o detenidos dentro de la denominada 'Operación Heracles' que lleva a cabo la Guardia Civil desde el pasado miércoles pudiera haber "estado" o "pasado" por los "despachos" del PSOE-A en San Vicente, por los del PSOE de Sevilla en Luis Montoto o incluso por los de la Diputación de Sevilla para "recibir órdenes" al respecto.

   Así lo ha dicho en rueda de prensa el secretario general de los 'populares' andaluces, José Luis Sanz, quien ha exigido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "salga de su escondite" y aclare si alguno de los miembros de "esta organización criminal tal y como la ha denominado la Guardia Civil" pudiera haber tenido alguna relación con su partido.

   "Hay dudas razonables", ha dicho sobre la posible relación entre los detenidos e imputados en esta operación y el PSOE-A, aunque sin querer desvelar nombres ni aclarar a quién se refería en concreto.

   Aún así, Sanz ha dedicado parte de su intervención a preguntar públicamente a Griñán si algún miembro de esta "organización criminal" ha estado afiliado al PSOE; si alguno ha pertenecido a la Ejecutiva del PSOE de Sevilla; si alguno "ha frecuentado" la sede provincial del partido en Sevilla o la sede regional del PSOE-A en San Vicente; si alguno "ha estado en el despacho del que fue secretario provincial del PSOE de Sevilla, el señor Viera, o posteriormente, en el despacho de la calle Luis Montoto de la actual secretaria provincial del PSOE de Sevilla"; si alguno ha estado en "algún despacho de algún dirigente del PSOE-A", si alguno ha estado en el "despacho del presidente provincial del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, el señor Rodríguez Villalobos" y, por último, si "esta organización criminal ha servido para ganar elecciones en algún municipio de la provincia de Sevilla o en algún otro municipio de Andalucía", ya que el "70 por ciento de las ayudas han ido a la Sierra Norte" de la provincia hispalense.

   Tras advertir que sería "muy clarificador" que Griñán diera respuesta a todas y cada una de estas preguntas por "higiene democrática", Sanz ha reiterado que estas cuestiones planteadas por el PP-A responden a "dudas razonables" surgidas a raíz de las nuevas imputaciones y detenciones ordenadas por la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y que, ante ellas, quien tiene la "responsabilidad y obligación de aclararlas" es el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A. También podría hacerlo, ha dicho a modo de invitación, alguno de los miembros de esa "organización criminal" que ha sido detenido o imputado.

PACTO DE SILENCIO

   Dentro de esta petición de explicaciones, Sanz no se ha olvidado de IULV-CA y le ha exigido a su coordinador general y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que rompa "el pacto de silencio" que mantiene con Griñán porque "lo suyo empieza a ser de chiste" y a "resultar patético".

   A su entender, Valderas no necesita más para "romper" con el PSOE-A en el Gobierno de la Junta de Andalucía y le ha recomendado que "reconsidere" ya tanto su "pacto de silencio" como su "pacto de Gobierno".

   "¿Cuánta más corrupción del PSOE-A está dispuesto a asumir el señor Valderas? ¡Qué bien le vendría a la regeneración democrática y a la transparencia que Valderas dejara de ser de piedra ante los casos de corrupción del PSOE-A!", ha insistido.

LA "ÚNICA VERDAD", LA QUERELLA DE ZOIDO

   Sobre todo, ha argumentado, porque es "mentira" que la Junta de Andalucía haya denunciado la trama de los ERE y haya colaborado con la justicia en su esclarecimiento. "Nunca denunciaron y nunca han colaborado para tirar de la manta", ha recalcado en varias ocasiones durante su intervención a los medios.

   Para apoyar esta afirmación, Sanz ha hecho un recorrido cronológico por el caso --desde sus inicios como 'caso Mercasevilla' hasta la actualidad-- para aseverar que "la única verdad" es la denuncia que presentó el 25 de abril de 2009 ante los juzgados de Sevilla el ahora presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, entonces concejal en la oposición del Ayuntamiento hispalense.

   "Cada día está más claro que el epicentro del caso está en la Junta, en San Telmo, y cada día está más claro que la Junta es el núcleo de la corrupción de la trama de los ERE fraudulentos. Y pese a ello, la Junta ni denunció ni colaboró, más bien todo lo contrario: tapó y obstruyó la acción de la justicia", ha destacado.

   Ante ello, Sanz ha pedido a los miembros del Gobierno andaluz que "dejen de mentir" a los ciudadanos diciendo que han denunciado el caso porque eso es "una mentira", ya que no fue hasta que Zoido interpuso la denuncia cuando se empezó a investigar el caso en 2009. De hecho, según ha criticado posteriormente, desde entonces hasta 2011 la Junta no se persona en el caso.

   Tampoco, en su opinión, ayudó en la investigación de la juez Mercedes Alaya, quien tuvo que requerir en distintas ocasiones al Gobierno andaluz (solo en marzo y abril de 2011, al menos, seis veces) que le entregara más documentación, incluyendo un "ultimátum" el 6 de abril de dicho año, tras lo cual, no obstante, "la Junta intentó ocultar las modificaciones presupuestarias" que había realizado para la partida 31L, también conocida como 'fondo de reptiles'.