El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha negado este domingo que su sindicato haya recibido "cobros irregulares" derivados de la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, y ha puesto "a disposición de la Justicia" las cuentas de su organización, que, según ha subrayado, "son públicas y transparentes", para demostrar esa afirmación.
Además, en una rueda de prensa en Sevilla junto al secretario de Acción Sindical en la Ejecutiva Confederal de UGT, Toni Ferrer, Pastrana ha defendido la "contundente" actuación que, en su opinión, ha desarrollado su organización "desde que tuvo conocimiento del inicio de la instrucción de este caso", yendo "por delante de la Justicia y personándose como acusación particular". Por ello, ha querido desmarcar al sindicato de los "intereses espurios de aseguradoras, intermediarios o de aquellos que han aprovechado esta situación para lucrarse personalmente".
Pastrana ha querido salir así al paso del auto emitido por la juez que se encarga de la instrucción de este caso, Mercedes Alaya, después de tomar declaración al exdirector general de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, para el que ha decretado su ingreso en prisión, en el que señala que esté "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los referidos ERE.
Sin embargo, el líder de UGT en Andalucía ha aseverado que su sindicato "no ha cobrado ni legal ni ilegalmente ninguna cantidad que se aproxime a esa cifra", por lo que "no se sabe de dónde" sale esa cantidad, que "no tiene ni remotamente relación con los distintos organismos de la UGT que han intervenido en el tema de los ERE", ha insistido.
En esa línea, ha negado que el sindicato haya participado "en ninguna trama para buscar comisiones ni dinero público de la Junta a costa del asunto de los ERE, ni en solitario, ni en connivencia con el Gobierno andaluz ni con el PSOE". "UGT no ha recibido en ningún momento, ni de los ERE de Andalucía ni del conjunto de España, ningún cobro irregular, ni ha obtenido comisiones ni ha trabajado para obtenerlas", ha añadido.
En vez de eso, Pastrana, que asegura estar "en condiciones de demostrar" esa aseveración, ha defendido que UGT, en materia de expedientes de regulación de empleo, realiza "sólo y exclusivamente un trabajo en defensa de los intereses de los trabajadores, para "preservar el máximo empleo posible y lograr las mejores condiciones posibles para los trabajadores", de forma que "ni promueve los ERE ni anda por ahí buscando empresas en crisis", un planteamiento que juzga "completamente absurdo", de ahí que haya apuntado que "ya va siendo hora de que jueces, imputados y acusados dejen de buscar una supuesta trama en la que estaría implicada UGT-A".
UNA ACTUACIÓN "CONTUNDENTE"
Además, el líder de este sindicato ha reivindicado la actuación que ha desarrollado la organización en este asunto, ya que, según ha subrayado, "se personó como acusación particular en el caso inmediatamente después de que tuvo conocimiento del inicio de la instrucción" y "ha ido por delante del juzgado en sus actuaciones internas", en las que se ha comportado "con absoluta contundencia".
En ese sentido, ha explicado que el sindicato ha "expulsado" a "cualquier miembro o afiliado que tenía cualquier relación con los ERE", y "ha puesto la información a disposición de la Justicia", un modo de proceder que, según ha adelantado, la organización va a mantener en adelante.
De esta manera, si UGT descubre un caso "interno" relacionado con este asunto, "adoptará contra él las medidas disciplinarias propias del sindicato", mientras que si el caso es "externo" a la organización, "pondrá la información a disposición de la Justicia".
SE DESVINCULA DE LOS IMPUTADOS
Por eso, Pastrana ha pedido que deje de "relacionarse con la UGT" a personas que "hace años que no forman parte del sindicato". En concreto, se ha referido a Juan Lanzas, considerado 'conseguidor' de los ERE, al que la juez Alaya ha enviado a prisión, ya que, según ha remarcado, "salió de la UGT en el año 2002, y desde entonces no ha mantenido absolutamente ninguna relación con el sindicato", y, además, "los hechos por los que se le investiga son posteriores a su salida de la organización".
"¿Cuánto tiempo debe pasar para que la autoridad judicial deje de relacionarlo con la UGT?", se ha preguntado Pastrana, que también ha querido reivindicar la labor de los sindicatos cuando una empresa plantea un ERE, ya que, en su opinión, gracias a ella, muchos de los trabajadores afectados por esos expedientes en los últimos años "han conseguido una protección suficiente para llevar una vida digna".
Esa actuación, sostiene el líder de UGT-A, contrasta con la de las aseguradoras, que se mueven "con ánimo de lucro" y que "intentan permanente sisar la percepción de los trabajadores". Por eso, ha exigido que no se mezcle al sindicato "con los intereses espurios" de esas entidades o de "aquellos que han aprovechado esta situación para lucrarse personalmente".
Y es que, a su juicio, ocasiona "un daño irreparable" al sindicato "el hecho de que, a raíz de declaraciones de imputados, se siga manteniendo la teoría de la trama y de que hay una estrategia sindical patra actuar ilícitamente", cuando, además, UGT, en tanto que acusación particular, "tiene el mismo interés que todos en que el caso se clarifique y quienes hayan cometido irregularidades lo paguen".
"TOTAL TRANSPARENCIA" EN LAS CUENTAS
En esta línea, ha querido dejar claro que, "si la jueza del caso o algún juzgado requiriesen al sindicato información sobre sus cuentas" --algo que, según ha apostillado, "hasta ahora no ha ocurrido" ni sabe "si ocurrirá"--, éstas "estarían inmediatamente a su disposición", ya que hay "total transparencia" sobre ellas.
De hecho, ha señalado que UGT-A, "por compromiso de su dirección", encarga cada tres años aproximadamente una auditoría externa sobre sus cuentas, y actualmente se ha encargado una con motivo del congreso que la organización celebrará en próximas fechas.
A todo ello, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha añadido que las cuentas del sindicato "son revisadas anualmente por la Intervención General de Hacienda y el Tribunal de Cuentas", de forma que son "cuentas conocidas y públicas".
"UN NUEVO ATAQUE A LA LABOR SINDICAL"
Además, Ferrer ha tachado de "infundio" y "calumnia" que "las organizaciones sindicales se dedican a captar o promover ERE para cobrar comisiones ilegales", algo que considera que "no es más que un nuevo ataque a la labor sindical" en general y de UGT en particular, que "en sus 125 años de historia ha estado centrada en la lucha de los derechos de los trabajadores".
Por ello, ha reclamado "respeto" para "la labor sindical en general" y la de su sindicato "en particular", una organización que, según ha añadido, "no solamente respeta a la Justicia", sino que ofrece su "plena colaboración para que se llegue hasta el final en este asunto".
Por último, Ferrer ha explicado que el sindicato "hace muchos años" que tuvo "problemas" con la aseguradora Vitalia, en la que trabajaba el ahora encarcelado Antonio Albarracín, y, de hecho, la organización envió, a nivel nacional, una circular a sus federaciones aconsejándoles que "no trabajaran con ella" porque "no les ofrecía las mejores garantías". "Lamento que el tiempo nos haya acabado dando la razón", ha concluido.
