El Fiscal General del Estado señala en la Memoria de la Fiscalía 2013 que se observa "un aumento" de las bodas por la Iglesia en la que uno de los contrayentes es extranjero y que tienen como fin evitar la expulsión u obtener beneficios en materia de reagrupación familiar.
"Sigue constatándose una preocupación en relación con el aumento de los matrimonios eclesiásticos en que uno de los contrayentes es extranjero, como opción buscada de propósito para, bien evitar las expulsiones acordadas administrativamente, bien obtener beneficios en materia de reagrupación familiar dado que este tipo de uniones están libres de los controles policiales y judiciales", explica en el informe.
Además, subraya que, en algún caso, el matrimonio por la Iglesia se ha llegado a celebrar después de que los contrayentes recibieran la negativa del matrimonio civil "por evidente fraude de ley".
Por ello, apunta que, en el ámbito de las Fiscalías Provinciales, y a instancia de los Fiscales Delegados de Extranjería, se mantiene una vía abierta desde hace unos años para establecer contacto y comunicación con las autoridades eclesiásticas.
Concretamente, en 2012 se redactaron un total de 261 informes contrarios a la celebración de matrimonios sospechosos de fraude. Según informa el Fiscal, fueron 221 menos que en el año 2011, aunque precisa que estas cifras no son "fiables" ya que, de las 50 provincias españolas, 21 de ellas no han facilitado datos por carecer de sistema de gestión procesal en esta materia, entre ellas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Pontevedra, Castellón o Valencia.
Según destaca la Memoria de la Fiscalía 2013, los principales obstáculos a los que se enfrenta la función del Ministerio Fiscal en estos casos de fraude son: la escasez de medios materiales, que impide a los Fiscales concurrir a la totalidad de los señalamientos, y "la consabida picaresca que ha conducido a que en numerosas ocasiones los contrayentes comparezcan debidamente preparados para facilitar las respuestas adecuadas en la entrevista".
Respecto a la primera de las dificultades, insiste en que es "un claro foco de fraude" la "habitual" autorización de matrimonios mixtos en pequeñas poblaciones servidas por Jueces de Paz, "legos en la materia, que no tienen conocimiento de la normativa existente". En cualquier caso, destaca que, a pesar de todo, "el rigor y la exhaustividad" en la preparación y desarrollo de las audiencias reservadas "ha actuado como elemento desincentivador del fraude".
