La Guardia Civil de Cáceres ha desarticulado una organización criminal que operaba a nivel internacional dedicada a la extorsión y la explotación sexual de mujeres, tras la detención de siete de sus integrantes, que habría obtenido más de 800.000 euros de beneficio en un poco más de un año.
Se les atribuyen los presuntos delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.
En la operación se han efectuado cinco registros en Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia, en los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos móviles y equipos informáticos.
La investigación se inició hace más de un año, tras la interposición de varias denuncias ante la Guardia Civil de Cáceres, por la supuesta extorsión que sus denunciantes venían sufriendo por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de audio, efectuadas a través de una aplicación de mensajería.
El nexo en común entre ellas es que se habían producido tras visitar un portal web de contactos para contratar servicios sexuales.
En estas amenazas se incluían imágenes de armas de fuego, lo que llevó a sus receptores a temer por su seguridad e integridad, e incluso por la de sus familias.
Para hacer más creíbles las amenazas, los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras, haciéndoles creer que tenían sus datos personales, direcciones de trabajo, así como los contactos sexuales mantenidos.
Llegaban a negociar los pagos que tenían que realizar las víctimas, habiendo llegado a obtener hasta 12.000 euros de una sola persona.
Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal de contactos, cuentas de correo electrónico y movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades.
Han concluido que durante el periodo investigado el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 euros, que habrían blanqueado en distintas operaciones de movimientos de fondos, para lo cual realizaban transferencias internacionales a distintos países.
A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de cien víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, realizando los pagos por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios.
Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cáceres, se practicaron los cinco registros, se hicieron las detenciones y se procedió al embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con la organización criminal, que estaba perfectamente jerarquizada.
Ya se ha decretado prisión provisional para tres de los detenidos.
