El Valencia cumple este viernes 103 años en un convulso momento social en el que la brecha existente entre una importante parte de sus aficionados y el máximo accionista, Peter Lim, ha llegado ya a los juzgados y en el marco de un momento crucial para la finalización de las obras del nuevo estadio.

La desafección entre la afición, por un lado, y la propiedad y el consejo de administración, por otro, se ha visto reflejada en los últimos meses en una masiva manifestación contra Lim en diciembre, en el establecimiento de un minuto de protesta en cada partido que el equipo juega en casa pero también en diferentes denuncias en los juzgados.

El próximo día 28 de marzo se debe celebrar el juicio que analizará, tras la denuncia del grupo opositor Libertad VCF, la legalidad de un préstamo contraído por el club con Lim, de los sueldos de los altos directivos de la entidad y de la elevación a más de 3.500 acciones del mínimo para asistir a las juntas de accionistas.

Además, en septiembre tendrá lugar otro juicio, en este caso por una demanda de un accionista particular que debe evaluar si la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Lim, a través de la empresa Meriton Holdings a la Fundación VCF, es nula por irregularidades en el proceso.

No son estos los únicos asuntos que están en el juzgado. La propia entidad presentó hace unos meses un recurso en los tribunales por la decisión de la Generalitat de no atender a su petición de ampliar y reorganizar los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se le concedió para facilitar su traslado del actual Mestalla al nuevo.

Además, hace unos días el club presentó a la Generalitat un plan que incluye un nuevo diseño del estadio y la manera en la que financiaría los 110 millones que planea invertir para acabarlo, la mayoría de los cuales (unos 85) saldrían de los ingresos que recibirá el club en virtud del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC.

Sin embargo, el movimiento previo del club en los juzgados podría no ser el último que lleve todo lo relacionado con el nuevo estadio ante la Justicia.

El Gobierno Valenciano decidió en noviembre de 2021 iniciar la caducidad anticipada de la ATE por incumplimientos en los plazos por parte del Valencia como promotor, pero le dio noventa días hábiles para presentar un proyecto “creíble” con la promesa de estudiar el mantenimiento de los beneficios urbanísticos de ese instrumento jurídico que planea hacer decaer. A esa petición, responde la presentación del proyecto hace unos días.

Por una parte, uno de los grupos de oposición a Lim, presentó un recurso contencioso ante la decisión del Consell de habilitar un plazo extra para poder acceder a esos beneficios y, por otra, tras presentar ese nuevo plan para el estadio hace apenas unos días, el club ha vuelto a solicitar que se mantenga y se amplíe el plazo de la ATE por la seguridad jurídica que otorga.

La Generalitat estudia estos días la nueva propuesta de estadio y su financiación, pero si la decisión es la de no mantener esos beneficios, se da por hecho que el club acudirá a los juzgados para tratar de paralizar la caducidad de la ATE.

Además, para retomar las obras, el club ha pedido al Ayuntamiento de Valencia una modificación de la licencia de obras que se le concedió en su día, posibilidad que también ha sido cuestionada por varios accionistas del club, que creen que se debe tramitar una nueva licencia, lo que impediría a la entidad retomar las obras este mes de octubre y poder cumplir con su conclusión en menos de dos años.