El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, tiene previsto que esta semana terminen todas las defensas la exposición de sus informes finales. La previsión de la Sala es que el juicio, que comenzó en septiembre de 2010 con las cuestiones previas, quede visto para sentencia el lunes día 30 de este mes de julio.
En total, los letrados de los últimos acusados en esta causa explicarán oralmente sus argumentos de defensa. Así, para el lunes día 23 está previsto que hagan sus informes definitivos los abogados de Pedro Román, exprimer teniente de alcalde y mano derecha de Jesús Gil, y de su hija; así como el de Florencio San Agapito, de Jesús Bravo y de Osvaldo Godfried.
Las defensas del exjefe de Policía Rafael del Pozo, de Santiago Tato, de los hermanos ganaderos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, del marchante de arte Alberto Pedronzo y del supuesto responsable de seguridad Jaime Hachuel presentarán previsiblemente sus informes finales el martes día 24 de julio.
Para el miércoles, día 25, está prevista, entre otras, la intervención de las defensas del exedil marbellí Antonio Luque, de los también procesados José Fernández Blanco y Celso Dema; y de María Rosa Jimeno, mujer del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, acusada de blanqueo y para la que el fiscal pide tres años y tres meses de cárcel.
Inicialmente, la Sala ha previsto que el lunes 30, día en el que se celebra la sesión número 199, sea el derecho a la última palabra, trámite en el que los procesados podrán dirigirse al tribunal, tras lo que el juicio quedará visto para dictar sentencia. Las previsiones son que en seis u ocho meses haya una resolución.
La vista oral comenzó el 27 de septiembre de 2010 con el trámite de cuestiones previas presentadas por los letrados de los acusados. Tras algunos meses para resolver algunas de estas alegaciones, las el primero de los bloques del juicio, el dedicado a la operación urbanística denominada 'Crucero 'Banús', y las primeras declaraciones de los procesados fueron en diciembre.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación para 86 de los 95 acusados iniciales y ha seguido sosteniendo que Roca logró "amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento. La defensa de éste señala, por contra, que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.
No obstante, la acusación pública considera que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado nunca hubo ocultamiento y no existe una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales" de las empresas.
El fiscal asegura que Roca aprovechó su posición de poder y negoció con empresarios "que estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", los nuevos parámetros urbanísticos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del plan, así como la aprobación del convenio por las autoridades municipales, a las que supuestamente pagó, y las posteriormente autorizaciones como licencias de obra y de primera ocupación.
