Los letrados del exprimer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) Pedro Román han mantenido que no hay pruebas que puedan sostener que éste cometiera delito de blanqueo de capitales y delito fiscal en relación con la operación urbanística y económica denominada 'Crucero Banús', aunque han indicado que la condena social "sufrida ya por mi cliente y su familia --también está acusada la hija de Román--, es irreparable".
El fiscal pide 21 años de prisión en relación con su participación en dicha operación, al sostener que se puso de acuerdo con el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y otros dos acusados para comprar una parcela y, mediante un convenio, conseguir un aumento de edificabilidad de la misma, revenderla posteriormente y obtener un beneficio económico "muy superior" al que tendría con otras determinaciones urbanísticas.
En su informe final, su defensa ha pedido, con las pruebas expuestas en la vista oral, una sentencia absolutoria que le "exonere" de toda responsabilidad. Uno de sus letrados ha criticado que esta operación se haya puesto como "paradigma" de los demás negocios de Roca, considerando que "se ha exacerbado" su denominación de 'pelotazo'. "Muy bien, ha habido un pelotazo. Pero ¿dónde está el delito por el 'pelotazo'? ha dicho.
En este sentido, este abogado ha rechazado que haya delitos fiscales, pero, en todo caso, éstos están prescritos; mientras que el otro letrado que codefiende a Román ha reiterado que no hay prueba de ilegalidad de los fondos de los cheques utilizados para pagar determinados aspectos de la operación, ni se ha analizado la procedencia de ese dinero, ni hay una correlación entre fondos supuestamente ilícitos de Roca y la participación de Román.
De hecho, han indicado que fue la defensa la que pidió por tres veces que se investigaran esos cheques, mostrándose en contra de "una acusación que no habiendo hecho su papel, se queda en ayunas y dice que como no se ha investigado, acusamos de blanqueo". Ha señalado que, aunque no haga falta una condena previa para cometer blanqueo, "en el juicio habrá que probar que se cometió ese delito previo" y ha concluido que esa prueba "aquí no ha tenido lugar".
También se ha referido al conocimiento de Román de que el dinero aportado por Roca fuera supuestamente ilícito o de origen delictivo, preguntándose si incluso "tenía el señor Román que conocer de qué delitos provenían". Al respecto, ha explicado que su cliente está fuera del Ayuntamiento desde 1998, apuntando que "cotilleos todos, pero aquí pruebas", por lo que ha insistido en que los cuatro indicios "no son tales y ninguno resiste".
Ha criticado que estos indicios constituyen "una especie de fantasía de que todo el mundo sabía, todo el mundo conocía y todo el mundo debe ser condenado". Respecto a la hija de Román, acusada igualmente de blanqueo de capitales, ha pedido su absolución y ha dicho que tampoco concurren los requisitos del delito; apuntando que esperaban una retirada de acusación al igual que ocurrió con la hija de otro acusado --en referencia a Roca--.
CRÍTICAS
El primero de los letrados de Román ha comenzado su informe diciendo que esta causa ha sido "singular" para todos y que la Sala ha tenido que escuchar muchas quejas. "Sin embargo, este letrado no interviene para quejarse de la condena social sufrida ya por mi cliente y su familia, que es irreparable, ni para quejarse de la ruina económica a la que se ha sometido al patrimonio familiar embargado durante todo el procedimiento, ni para resaltar que mi cliente estuvo en prisión ocho meses y medio", ha dicho.
"Ni siquiera para destacar la persecución que realiza el Ayuntamiento de Marbella, como si fueran el cobrador del frac", ha señalado el abogado, quien sí ha considerado que ha habido por parte del Consistorio marbellí "un uso excesivo de la legislación" en cuanto al desarrollo de esta parcela, preguntándose si "ha devuelto el Ayuntamiento esa licencia que había cobrado, ha hecho algo para devolverla, piensa hacerlo".
"Es un paradigma de lo que no debe hacer nunca una administración pública y es usar el poder para al final distribuir o enriquecer o empobrecer a la gente en función de quienes sean los titulares", ha apostillado, indicando que no pide una sentencia ejemplar "porque quien la ha solicitado --el fiscal-- considerará ejemplar toda la instrucción y esa valoración no es unánime en el ámbito jurídico", ni tampoco justa, porque el concepto de cada uno "es distinto".
Asimismo, los letrados han insistido en que el Ayuntamiento con ese convenio "obtiene unos beneficios que no ha devuelto". Sobre el análisis patrimonial de su cliente, han criticado que la Agencia Tributaria "ha buscado un determinado informe que pudiera complacer a la acusación para traer algo del señor Román y no ha hecho ninguna comprobación del patrimonio preexistente".
El letrado del acusado Florencio San Agapito, también acusado por su participación en esta misma operación financiera, ha destacado la ausencia de investigación y, al igual que los letrados anteriores, que por los mismos hechos se acusan por distintos delitos según la acusación que sea. También ha insistido en que lo que hizo su cliente fue "invertir en una operación lícita" y en que no se ha probado un delito antecedente, necesario para que exista blanqueo.
Esta defensa, que también ha pedido una sentencia absolutoria, ha lamentado que para acusarlo se han utilizado argumentos, en unos casos "peregrinos", como que tenía casa en Marbella y en los paseos podía ver la parcela; y "otros que son falsos", como que era comisario de Policía, algo de lo que no llegó a ejercer; apuntando que el "estigma" de su cliente desde el inicio ha sido que "no le han creído".
