La Delegación territorial de Educación en Cádiz de la Junta asegura que no ha optado por un cambio de criterio de cara al curso actual 2014-2015 a la hora de adjudicar las plazas vacantes en el plazo extraordinario de matriculación que se abre en septiembre en los centros. Así lo apuntan fuentes de esta delegación a raíz de las quejas que han realizado padres de colegios concertados como El Pilar, la Compañía de María o La Salle cuyos hijos se han quedado en lista de espera, aún habiendo plazas libres reservadas únicamente para los supuestos de traslado, acoso escolar o violencia de género “informados por Inspección”. El problema, como aseguran los afectados, que están dispuestos a recurrir al contencioso administrativo, es que en casos como El Pilar se han llegado a quedar tres plazas libres que difícilmente se cubrirán a lo largo del curso, extremo que no ocurría hasta ahora, como asegura el abogado Manuel Fernández, experto en casos de escolarización.
De hecho, este periódico publicó la historia de unos padres que se han quedado en el número uno de la lista de no admitidos de El Pilar, aún habiendo estas plazas. “Este curso tiene una particularidad, y es que las plazas vacantes con posterioridad al proceso de matriculación de junio ya no se cubren tirando de la lista de no admitidos sino que se reservan para estos supuestos. Que de buenas a primeras aleguen este criterio con un decreto aprobado en 2011, tiempo en el que no se ha optado por esta práctica, es muy injusto”, señala el letrado.
Las mismas fuentes de Educación indican que los criterios emanan de Secretaría General de Educación en febrero de 2014 en el que se establece que el proceso ordinario de matriculación de junio acaba 48 horas después de que se cierre el plazo. Además, matizan que “no existe lista de espera, sino lista de no admitidos” y el haber estado en esta última -al margen de que por denuncias de fraudes u otras cuestiones hayan subido varios puestos- “no genera expectativas de derecho”. En cualquier caso, otras fuentes consultadas aseguran que los decretos “se completan con instrucciones”, y en este caso la Junta ha optado por aplicar con más rigor que nunca este decreto, de ahí los perjuicios generados este curso.
¿Por qué tiene preferencia alguien que venga de fuera?
El letrado Manuel Fernández recuerda que un criterio interpretativo basado en instrucciones que teóricamente no tienen el rango legal de un decreto puede ser demasiado arbitrario para los padres que se queden a las puertas del colegio deseado que les corresponde por zona. También cree que dándole prioridad a estos supuestos, sobre todo al de traslado, se está discriminando a los padres afectados. “La administración en vez de aplicar de esta manera tan rigurosa la norma debería de dar prioridad al derecho de la libre elección de centros porque estamos hablando de unos casos que no implican la ampliación de la ratio; en El Pilar, tres clases se van a quedar con 24 niños todo el curso. Además, ¿por qué tiene preferencia alguien que venga por ejemplo de Jaén a la gente que sea de aquí?Es un criterio injusto, que se amplíe la ratio para esos supuestos”, señala. Por lo demás, siguen denunciándose casos de fraudes en los domicilios y en las rentas, aunque Fernández también aprecia que hay menos porque los padres “se conforman” y renuncian al colegio “para evitar movidas”.
