Una de las decisiones que más ha llamado la atención en el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha sido la creación del Ministerio de Consumo, hasta ahora integrado en el Ministerio de Sanidad, y cuyo titular es el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Tradicionalmente, las políticas de consumo de las administraciones públicas se han centrado en velar por defender los derechos de las personas consumidoras, su salud y seguridad, y frenar los continuos “atropellos” de los que somos víctimas por parte de las empresas, principalmente de sectores como la banca, la telefonía o las eléctricas.
Consumir bienes y servicios para satisfacer necesidades es inherente a los seres humanos. En nuestra sociedad, el consumo ocupa un lugar central en nuestras vidas y en el sistema económico. La acción de consumir no tiene una dimensión simplemente económica, sino también ética y política. En las sociedades capitalistas actuales, el consumo suele adoptar la forma de consumismo, que podemos definir como la exacerbación del consumo que nos hace sentir que la felicidad propia radica en la compra continua de bienes. Las actuales tendencias del consumo son insostenibles desde el punto de vista material y medioambiental, y existe la necesidad de contener y reducir dicho consumo introduciendo profundos cambios en los estilos de vida de la mayor parte de los países más desarrollados.
Para ello es fundamental que este nuevo ministerio incorpore una nueva línea de actuación, el impulso de un nuevo modelo de consumo, el llamado consumo responsable. Tengamos en cuenta que uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantean en la Agenda 2030 se denomina Producción y consumo responsables, y persigue una transición de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad. Y todas las administraciones (central, autonómicas, locales y diputaciones) deben orientar sus políticas para el cumplimiento de estos objetivos.
La extensión de las prácticas de consumo responsable entre las personas y las organizaciones son claves para alcanzar la justicia social y la sostenibilidad. El consumo responsable parte de un replanteamiento de nuestras necesidades para satisfacerlas guiadas por criterios sociales y medioambientales con el objeto de contribuir a un entorno favorable para todos con el menor impacto posible en el medio ambiente. Hablamos de convertir hábitos concretos, en nuestro día a día, y en nuestros estilos generales de vida, porque no se trata sólo de cambiar una marca o un producto por otro, sino de llevar una vida satisfactoria que contribuya a mejorar tanto nuestra calidad de vida como el medio ambiente y la justicia social.
Para practicar el consumo responsable, las personas y las organizaciones se pueden orientar siguiendo algunos criterios clave, como prescindir de consumos superfluos; reutilizar, compartir y optar por bienes, servicios y canales de comercialización comprometidos social y ambientalmente, apostar por la economía local y las pymes. Las administraciones públicas pueden también aportar mucho al impulso del consumo responsable, ya sea desarrollando su potencial ejemplificador o haciendo valer su importancia como agente económico al ser un gran consumidor de bienes y servicios, sin olvidar su capacidad de promover acciones de educación, divulgación y sensibilización destinadas a toda la sociedad.
El nuevo Ministerio de Consumo deberá hacer una importante apuesta para que se den las condiciones adecuadas que permitan a todas las personas consumidoras ir cambiando paulatinamente sus hábitos de consumo y sus estilos de vida. Por el bien del planeta. Por el bien de las generaciones futuras.
