La propuesta fue llevada a comisión por el grupo popular, que recogía de este modo la petición formulada por la federación local de asociaciones de vecinos Solidaridad. Además, la iniciativa contaba también con el respaldo de PSA e IU. Este lunes, en la comisión informativa de Política Territorial, el grupo socialista se sumó a este consenso, lo que permitirá que la iniciativa salga adelante con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
La portavoz del grupo popular, María José García-Pelayo, expresó su satisfacción por la entrada en vigor de esta moratoria, “pero sobre todo porque la propuesta garantiza que se va a hacer un trabajo serio y de futuro en relación a la instalación de antenas”.
García-Pelayo felicitó a la federación Solidaridad, así como al resto de organizaciones sociales que han trabajado en este sentido en los últimos meses. De hecho, la portavoz del grupo popular se mostró convencida de que el acuerdo “va a marcar un antes y un después” en la política que el Ayuntamiento está siguiendo al respecto de la instalación de antenas de telefonía móvil, al tiempo que permitirá “cerrar la brecha” que existía “entre los movimientos vecinales, los políticos y el Gobierno local”.
Desde la federación Solidaridad, Francisco Gil aclaró que esta moratoria no supone “un paso atrás” respecto a la implantación de las nuevas tecnologías, sino “un paso adelante en la defensa de la salud de todos los jerezanos”. “Ha sido un triunfo de todos los partidos políticos, que han primado la defensa de los jerezanos. No se trata de hacer una cosa nueva en Jerez, sino de poner en práctica lo que se está haciendo en todas las ciudades de España”, afirmó.
El convenio de Urbaser entrará por vía de urgencia
La portavoz del grupo popular, María José García-Pelayo, expresó su sorpresa tras conocer la voluntad del Gobierno local de recurrir a la vía de urgencia para informar al Pleno del convenio suscrito recientemente con Urbaser. “Nos preocupa enormemente, porque puede ser por problemas con la empresa o, lo que parece más lógico, porque el interventor esté poniendo problemas para emitir un informe favorable”, explicó García-Pelayo.
La portavoz del grupo popular confía en que el Gobierno convoque a los distintos portavoces antes del Pleno para ofrecer todos los detalles del convenio, sobre todo si se tiene en cuenta que el mismo tiene una vigencia de ocho años, lo que implica que deberá ser desarrollado por el Ejecutivo que emane de las elecciones del 22 de mayo.
En otro orden de cosas, la comisión de Presidencia dictaminó favorablemente la propuesta de aprobación definitiva de los presupuestos de 2011, así como la propuesta de ratificación del acuerdo adoptado el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local sobre la concesión de una subvención a personas obligadas al pago del Impuesto de Vehículos que se encuentren en situación económica desfavorable. Esta propuesta contó con el respaldo de todos los grupos políticos.
