En un comunicado, este grupo señala que la ordenanza “es contraria a la carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad”. El proceso de elaboración ha tenido, a su juicio, “importantes déficits democráticos”, ya que, por ejemplo, “no se ha contado con los colectivos afectados, entre ellos las prostitutas”.
Exponen que la normativa “puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión”, añadiendo que “se criminaliza a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etc”. Por ello consideran que la ordenanza “excede de las competencias municipales y que no está amparada en ninguna ley estatal o autonómica”, tratándose de “un nuevo modelo de control de la ciudad basada en la tolerancia cero que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana”.
La ordenanza se encuentra en fase de tramitación, después de que el pasado mes de diciembre viese la luz su fase inicial. Además, se ha dado participación a colectivos y oposición para que pudieran aportar sugerencias así como se están recogiendo alegaciones.
