La Xunta ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que establece un nuevo canon que afecta a las concesiones que ocupan terrenos portuarios adscritos.
Son concesiones, en concreto, en superficies que fue necesario ampliar después de que los puertos fueran transferidos por el Estado a las comunidades autónomas.
La Xunta calcula que la orden afecta a 79 puertos y multitud de concesiones, como puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varaderos, pantalanes y otras entidades asentadas en ellos.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión, tanto la conselleira do Mar, Rosa Quintana, como el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, y el de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez, han cargado contra lo que consideran un "nuevo ataque" del Ejecutivo central al complejo mar-industria gallego.
"Nos encontramos con que el Estado, en aquellos terrenos adscritos a Portos con posterioridad al Estatuto, entiende que los concesionarios tendrán que pagar una tasa", ha advertido Quintana.
En "la mayoría de los casos", asegurad, se trata de una tasa "más del doble" superior "de lo que ya está abonando" a Portos de Galicia, según ha denunciado.
Frente a esta "doble imposición", que a la Xunta le consta que ya ha sido comunicada a concesionarios, la conselleira ha apuntado que "se intentó frenarlo hablando con el ministerio, comunicando el punto de vista jurídico" de la administración autonómica en relación con la titularidad y las competencias. Pero, según ha añadido, no hubo contestación a ese requerimiento.
Ello obliga a la Xunta, según Quintana, a "una vez más ir a los tribunales de justicia" para que sean estos "los que tomen una decisión". El recurso ante el TSXG fue admitido a trámite el pasado 13 de octubre, según ha apuntado.
"Queríamos informar a todos los representantes del sector. Que tengan claro que Galicia va a seguir adoptando todas las medidas legales (...) por lo que creemos de justicia", ha aseverado la dirigente.
Los puertos gallegos que no son de interés general del estado ascienden a 122 y la Xunta estima que en 79 hay afectación por este nuevo canon.
A juicio de Rosa Quintana, esta nueva medida "responde a una ideología del ministerio que se ha plasmado en su estrategia sobre la costa" y que implica "deshumanizarla", esto es, acabar con "todo lo que pueda generar riqueza o un valor social".
Por su parte, ha reivindicado que el Gobierno gallego "intenta bonificar" las tasas que debe abonar el sector de la cadena mar industria "y ahora viene el estado intentando aplicar una doble tasa que en casos llega a duplicar o triplicar" la preexistente.
Esto, ha advertido, viene a "comprometer la viabilidad" de entidades, puesto que "las instalaciones ya tienen sus números hechos".
Por parte de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha censurado este "nuevo ataque del Gobierno de España a estas actividades" que se desarrollan en el litoral gallego. Se trata de algo "muy preocupante para Galicia", ha dicho, y ha valorado el recurso.
En representación de las cofradías gallegas, el presidente de la federación y patrón de Ribeira, José Antonio Pérez, ha lamentado que los "ataques" llegan "por todos lados" y ha acusado al Ejecutivo central de intentar acabar con el sector mar-industria.
La consellería precisa que este canon se pone en marcha "sin que hubiese ningún cambio legislativo que lo justifique", con el que "vuelve a interferir en las competencias exclusivas de la comunidad para gestionar los puertos que no son de interés general" y habla de un impacto de "más de 120.000 euros anuales".
