Da igual las veces que repita sus reflexiones y sus argumentaciones. Gracia Rodríguez Velasco (Madrid, 1961) siempre se muestra tan enérgica y clarividente a la hora de hablar de la violencia de género y de denunciar el mucho camino que aún queda para acabar con esta lacra. Precisamente, la contundencia y claridad de sus mensajes contra la violencia machista fueron los valores resaltados por la Junta de Andalucía para concederle la Medalla de Andalucía, que recogió el pasado 28-F junto a otros ilustres de la comunidad. “Es cierto que la gente tiene miedo a hablar, si te pronuncias te tachan de feminista y eso a veces se identifica con extremista. Pero es verdad que en este tema no puede haber dos discursos, uno público y otro de puertas hacia adentro”, asegura la fiscal responsable de la Sección contra la Violencia de Género en la Audiencia Provincial de Jaén.
En el Desayuno de VIVA JAÉN con motivo del Día Internacional de la Mujer, Gracia Rodríguez apela a la responsabilidad de todos los estamentos para hacer frente a esta lacra y, sobre todo, se rebela contra la indiferencia. “No sé cuál es la solución, pero tengo claro que el silencio cómplice de la sociedad se debe acabar”, reflexiona en voz alta Rodríguez. Y dentro de esa tibieza frente al maltrato enmarca la paradoja, difícil de entender, de que siete años después de firmarse el convenio con el SAS no se ha recibido ninguna denuncia en la provincia de profesionales sanitarios que hayan tenido alguna sospecha de que la mujer atendida ha sufrido algún tipo de violencia. Tampoco en los colegios, donde anidan muchas situaciones de maltrato a las adolescentes, se prodigan los gestos de colaboración. “Parece como si fuera un delito privado, y no lo es, es un delito público”, explica Rodríguez, que lleva casi tres décadas ejerciendo la fiscalía en tierras jienenses.
A Gracia Rodríguez le preocupa sobremanera que la violencia de género se manifieste cada vez en mujeres más jóvenes. ¿Cómo se explica? “En las familias la función educativa ha quedado un poco en el aire sobre todo desde la incorporación de la mujer al mundo laboral, y eso hace que muchos chicos se queden solos con los videojuegos y la televisión, con programas muchos de ellos que van contra la igualdad y la dignidad de la mujer”, intenta justificar la fiscal responsable de Violencia sobre la Mujer. Lamenta también que muchas chicas lleguen incluso a identificar una mayor querencia de sus parejas cuanto más acceso tienen ellos al teléfono móvil de ellas.
Aunque sostiene que “las leyes siempre van detrás de la sociedad”, Gracia Rodríguez valora como “avances importantes” las últimas reformas legislativas que regulan la violencia en las redes sociales, como el ciberacoso o el ‘stalking’ (acecho). Eso sí, anima a las víctimas a denunciar con celeridad porque la legislación solo obliga a guardar los contenidos expresados en la Red durante un máximo de un año. De igual forma, admite que es un campo donde faltan muchos recursos para actuar, como lo demuestra el hecho de que solo haya dos agentes de la Guardia Civil en toda la provincia para investigar este tipo de delitos en las redes sociales. Por cierto, Rodríguez censura que la valoración del riesgo la hagan los agentes que toman declaración por primera vez a la víctima de violencia machista. “Esa valoración resulta clave para lo que decida el juez posteriormente, y muchas veces la hacen personas sin suficiente formación”, agrega la fiscal jienense. Elude, en todo caso, generalizar, y cita a modo de ejemplo la “sensibilidad” mostrada en este campo por el agente Telesforo, de Torredelcampo.
En Jaén, los índices de violencia de género son similares a los de provincias como Huelva o Almería (aquí suben los casos de extranjeros), pero Gracia Rodríguez admite que en el medio rural “la situación es más complicada por la mayor permisividad del entorno social”. También aquí, subraya la fiscal, se produce una doble discriminación hacia las mujeres que sufren violencia por cuanto “al maltrato hay que añadir la imposibilidad de acceder a los recursos de protección que sí existen en la capital”.
Otros avances que destaca la representante del Ministerio Público son, entre otros, la consideración de los hijos como víctimas de violencia de género, lo que obliga a los jueces a pronunciarse sobre los medidas civiles; y que el Estatuto de la Víctima haya recogido la obligación de los secretarios judiciales de informar sobre el estado del procedimiento a la víctima, e incluso de que ésta pueda conocer al juez que lleva el caso.
Gracia Rodríguez valora igualmente el “buen funcionamiento” de las pulseras que portan las mujeres para protegerlas de sus agresores, y también de las casas de acogida, aunque en este caso lamenta que en Jaén solo exista una en la capital. Unas carencias que también extrapola a las salas especiales de protección, donde se toma declaración a los menores por parte de psicólogos, pero que solo existe en el Juzgado de Violencia de Género de la capital y no en la decena de juzgados de la provincia.
Sobreseimientos
En los últimos años han sido muchas las reformas legislativas introducidas para endurecer la violencia machista. Sin embargo, Gracia Rodríguez no acierta a comprender la resistencia a suprimir, o en todo caso a modificar, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorga a la mujer víctima de violencia de género el derecho de no declarar contra su maltratador. “La dependencia emocional les lleva a no denunciar al padre de sus hijos, pero no se puede dejar en manos de la víctima el derecho a no declarar puesto que se trata de un delito público y no privado”, subraya la fiscal de Violencia contra la Mujer.
Rodríguez considera “fundamental” la supresión de ese artículo de la LECrim por la trascendencia que tiene en la denuncia (ni siquiera la prueba pericial tiene tanto valor) el hecho de perderse el testigo fundamental. De hecho, la fiscal estima que en torno al 60% de todas las denuncias acaban en sobreseimiento cuando las víctimas se acogen a su derecho de no declarar contra su maltratador.
Y el 80% de las sentencias absolutorias también tienen como detonante el controvertido artículo 416 de la LECrim. En Jaén, hace dos años, hubo 400 mujeres que se ampararon en ese artículo que, como denuncia Rodríguez, también utilizan muchos abogados como forma de coacción a las víctimas. Por si fuera poco, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha pronunciado a favor de ampliar la posibilidad de aplicar este artículo, restringiendo así los criterios que había fijado la Fiscalía y que Gracia Rodríguez lleva años, sin éxito, reclamando su derogación.
De igual forma, la fiscal de Violencia contra la Mujer señala que las denuncias falsas que se producen se persiguen por la Fiscalía, pero advierte de que “no hay que confundir las denuncias falsas con una declaración falsa en el juicio”.
