La Justicia brasileña ratificó y aumentó este miércoles a 17 años y 1 mes de prisión una segunda condena dictada en febrero pasado contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Los tres magistrados de un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre votaron por unanimidad a favor de elevar a 17 años y 1 mes de prisión la pena de Lula frente a los 12 años y 11 meses de cárcel impuestos en primera instancia.
Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
Antes de plantear sus respectivas consideraciones sobre la condena, los tres jueces negaron los peticiones de la defensa de anular la sentencia en base a un reciente fallo de la Suprema Corte.
Según ese dictamen, en un proceso en que un imputado coopera con la justicia en contra de otro acusado, este presentará su alegato final el último, lo que no ocurrió durante el juicio de Lula en primera instancia en el llamado "caso de Atibaia".
No obstante, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, manifestó que en esta causa "en momento alguno se demostró la existencia de cualquier tipo de perjuicio con la inversión del orden" de las declaraciones de los acusados, un argumento que fue respaldado por los otros dos jueces.
Sobre Lula, de 74 años, ya pesa una condena ratificada en tercera instancia, después de que la justicia diera por probado que recibió un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favores a la constructora OAS en contratos con la petrolera Petrobras.
Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) llegó a pasar 580 días en prisión, pero quedó en libertad hace cerca de tres semanas tras verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que se agoten todos los recursos.
En ese proceso, conocido como el "caso del triplex", Lula, quien ya ha cumplido una sexta parte de la pena, todavía tiene una alegación pendiente en el Supremo, mientras que en el "caso de Atibaia" le quedan dos recursos que podrá llevar a cabo en libertad.
