“El dragado sigue vivo”. Así de contundentes se han mostrado los integrantes de la plataforma Sevilla por su Puerto para defender que el Tribunal Supremo no ha anulado el dragado, que no ha entrado en el fondo del asunto y que se tramitará dentro de la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Frente a su contundencia admiten que no se ha tramitado de forma correcta, que los fondos europeos pueden ser destinados a otros proyectos y que ahora es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2013 “la que nos debe guiar en esta obra”.
Puerto, CEA, Cámara de Comercio, UGT y CCOO se han alineado contra la postura de los ecologistas (WWF), que insisten en que la sentencia “se ha cargado el dragado” y que éste es perjudicial para el Guadalquivir, una “obcecación” que según su coordinador en Doñana, Juanjo Carmona, les ha llevado a engañar a los ciudadanos diciendo que no era perjudicial o que los fondos estaban vinculados al dragado.
Los representantes de la plataforma han seguido la línea argumental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y han reiterado que la sentencia no anula el dragado y que sólo ha dictaminado que no se ajusta a derecho. “Una cosa es que las cosas no se hayan hecho bien y otra es que el dragado sea nulo”, decía Carmen Castreño, presidenta del Puerto, para explicar que ahora lo tramitarán en la revisión del Plan Hidrológico, que podría ser aprobado a principios del 2016 por el Gobierno central.
“Lo que nos debe guiar en esta obra” es la DIA de 2013, decían tanto Juan Bautista Ginés (UGT) como Alfonso Vidán (CCOO), cuyos once condicionantes aseguran se han cumplido a excepción del proyecto de protección de márgenes, que debe aprobar la Junta de Andalucía y que tiene un presupuesto de 14 millones de euros.
La demora en la aprobación de este proyecto también ha recibido críticas por parte de la plataforma, especialmente de Miguel Rus (CES), quien además se ha mostrado, al igual que la presidenta del Puerto, especialmente crítico con los científicos del CSIC que han realizado el estudio, ratificado por el Supremo, que insiste en que el dragado afectaría negativamente al río y a Doñana si se ejecuta en su estado actual y sin las medidas correctoras previas necesarias.
Miguel Rus ha ido más allá e incluso ha insinuado que uno de los autores del estudio, el catedrático Miguel Ángel Losada, tendría intereses económicos contra el dragado.
Las críticas también han recaído en los medios de comunicación, cuyos titulares ha considerado el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, como “bastantes drásticos”, unos titulares “demoledores”, a los que ha acompañado la queja de Castreño de la “mala fama” que ha tenido siempre el proyecto del dragado en profundidad, sobre todo, defiende, porque “la afección es sólo en algunos márgenes” y no al río en su totalidad.
Los fondos se redirigen
Apartado especial tiene el tema de los fondos europeos. Mientras una nota de la plataforma posterior a la rueda de prensa insistía en la “posible pérdida de fondos europeosdestinados a las obras de mejora de navegabilidad del río”, la presidenta del Puerto negaba que si el dragado no se licitaba antes de final de año se perderían los 25 millones de euros de fondos Feder previstos para esta obra.
“Si el dragado no puede realizarse con los fondos europeos” con los que cuenta, “vamos a intentar aprovechar esos fondos para otras obras necesarias en el Puerto de Sevilla”, siempre que lo autorice Puertos del Estado, admitía.
Tienen otros proyectos -entre ellos el cierre del anillo de comunicaciones- para destinar esos fondos, admitía Castreño, aunque sí que reconocía que sufre “presiones” para que destine esas partidas a otras iniciativas.
